Las entidades que representan a clínicas, sanatorios y prestadores de salud que trabajan con el PAMI encendieron una señal de alarma sobre la situación económica que atraviesa el sector y advirtieron que la continuidad de la atención médica para millones de jubilados y pensionados se encuentra en una situación crítica.
Luego de que los odontólogos de La Plata cortaran días atrás la atención a los afiliados por falta de pago y readecuación de honorarios, ahora a través de un comunicado conjunto, ADECRA, CAPRESS, ACAMI, FECLIBA, Salud Federal y CONFECLISA expresaron que "la continuidad de la atención médica de millones de jubilados y pensionados atraviesa una situación de creciente preocupación" debido al deterioro de las condiciones de financiamiento que enfrentan las instituciones prestadoras.
Según detallaron, "la falta de una actualización adecuada de los valores que reciben los prestadores por las prestaciones brindadas, sumada al importante atraso acumulado en los últimos meses y los débitos injustificados, comprometen la capacidad de numerosas instituciones para sostener sus servicios en condiciones normales y continuar garantizando una atención de calidad".
Las organizaciones señalaron que durante las reuniones mantenidas con las autoridades del organismo se reconoció la existencia de estos problemas. Sin embargo, cuestionaron que las respuestas implementadas hasta el momento resultan insuficientes. "Las medidas anunciadas hasta el momento resultan insuficientes para revertir la situación que atraviesa el sistema prestador", afirmaron.
Uno de los puntos más preocupantes para el sector es el retraso en los aranceles. De acuerdo con el comunicado, existe actualmente "un atraso de un 102% de los valores", mientras que los incrementos previstos por el PAMI son de apenas 1,9% para junio y otro 1,9% para julio de 2026.
Además, remarcaron que esas actualizaciones recién impactarían en los pagos futuros. "Aplicarán incrementos de apenas 1,9% para el mes de junio y 1,9% para julio 2026, actualizaciones que son las únicas reconocidas en este año e impactarían recién en las liquidaciones correspondientes a agosto y septiembre de 2026", sostuvieron.
Las entidades advirtieron que, si no se modifica el esquema actual, las consecuencias podrían sentirse directamente en el sistema de atención. "De persistir este escenario, podrían verse afectadas la continuidad de las prestaciones, la capacidad operativa de los establecimientos de salud y el acceso oportuno a la atención médica por parte de millones de afiliados en todo el país", alertaron.
En el documento también destacaron el peso que tiene el sector privado dentro del sistema sanitario argentino. "Más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen a establecimientos privados, por lo que cualquier dificultad en su funcionamiento repercute directamente en la capacidad de respuesta sanitaria nacional", indicaron.
Pese al complejo panorama, las organizaciones aseguraron que mantienen abierta la instancia de diálogo con el organismo y ratificaron su intención de preservar la atención a los afiliados. "Nuestro objetivo continúa siendo preservar la atención de los beneficiarios y mantener el funcionamiento de los servicios de salud", expresaron.
En ese marco, solicitaron la implementación urgente de medidas que permitan recuperar la sustentabilidad del sistema. Entre los reclamos figuran un esquema de actualización de valores acorde a los costos reales del sector, un modelo prestacional más transparente y sostenible, la revisión de determinados mecanismos de contratación y una gestión más clara de los débitos y ajustes aplicados sobre la facturación.
Finalmente, las entidades concluyeron con una advertencia sobre la necesidad de encontrar soluciones de fondo para evitar una mayor crisis en la atención sanitaria. "La salud de millones de jubilados y pensionados requiere soluciones urgentes, previsibles y sostenibles que permitan preservar la calidad y continuidad de la atención en todo el país", señalaron.
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