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Pedido para agilizar el uso de perros de asistencia en La Plata

Personas con discapacidad asegura que sufren restricciones en el transporte, comercios y dependencias oficiales
Miguel Salinas, junto a su perro guía, lucha por diversos derechos / EL DIA

Por Redacción

Moverse en La Plata siendo una persona con discapacidad e ir acompañado por un perro de asistencia se ha transformado en una carrera de obstáculos, malos ratos y discusiones estériles. Lo que por derecho Nacional y Provincial debería ser un trámite natural de inclusión, en el día a día platense choca contra un muro de desinformación, burocracia y un vacío normativo.

La raíz del problema es doble: la falta de reglamentación efectiva de la Ley Provincial 15.409 (promulgada a principios de 2023) y la omisión del Municipio de La Plata en adherir formalmente tanto a esta norma bonaerense como a la Ley Nacional 26.858. El resultado de este limbo legal lo pagan los usuarios, quienes sufren maltratos y exclusión en ámbitos públicos y privados, aseguran quienes viven distintas experiencias en primera persona.

Las denuncias y quejas de los usuarios se repiten con los mismos protagonistas. Intentar subir a un micro de línea urbana se convierte en una lotería: depende exclusivamente de la buena voluntad del chofer de turno. Los inspectores de las líneas de colectivos, lejos de actuar como facilitadores o agentes de control para garantizar la accesibilidad, suelen ser quienes interponen las mayores trabas argumentando el desconocimiento de la norma o el clásico “acá no se permiten animales”.

El panorama no mejora al intentar abordar transportes individuales. En los taxis y remises los conductores aceleran al ver al animal o cancelan el viaje en la cara del pasajero.

En referencia a los autos de aplicaciones (Uber, Didi, Cabify) se producen cancelaciones sistemáticas una vez que el chofer nota la presencia del perro de asistencia, dejando a las personas varadas durante horas.

“NO ES UNA MASCOTA”

“El perro de asistencia no es una mascota; es una extensión de la autonomía de la persona y un apoyo técnico esencial. Negar su ingreso es equivalente a quitarle la silla de ruedas o el bastón a alguien”, advierte Miguel Salinas, secretario de la Fundación Gulliver del Perro Guía, donde siguen de cerca los reclamos de los usuarios damnificados.

Salinas apuntó que “habría que trabajar con Transporte de Nación y Provincia para que realicen capacitaciones en las que intervengan usuarios de perros. Desde transporte también se deberían sacar resoluciones sancionatorias para empresas, choferes e inspectores”.

La odisea no termina al bajarse del transporte. En entornos gastronómicos locales (bares, restaurantes y cafeterías) hay otro foco de conflicto continuo.

El personal de seguridad o los encargados suelen prohibir el ingreso basándose en normativas de higiene que, por ley general, quedan exceptuadas cuando se trata de un animal de trabajo entrenado.

En entornos gastronómicos (bares, restaurantes, cafeterías) hay otro foco de conflicto

Incluso, en dependencias públicas y privadas de La Plata las personas con discapacidad se ven obligadas a dar explicaciones, mostrar certificados que muchas veces las autoridades no saben interpretar y tolerar que se les condicione el ingreso de forma arbitraria, según los testimonios de distintas personas afectadas por restricciones para llevar el perro de asistencia.

PARADOJA

La paradoja legal es absoluta. A nivel federal, la Ley Nacional 26.858 garantiza explícitamente el derecho al acceso, deambulación y permanencia en lugares públicos y privados de acceso público, así como en los servicios de transporte. A nivel bonaerense, la Ley 15.409 vino a reforzar esto detallando las obligaciones de los distintos sectores e identificando los tipos de perros (guías, de servicio, para personas con autismo o de alerta médica).

Sin embargo, sin el decreto reglamentario que ordene el funcionamiento de la Autoridad de Aplicación, los carnets oficiales y el régimen directo de sanciones, la ley provincial se convierte en una declaración de buenas intenciones difícil de aplicar y fiscalizar, asegura Salinas y con respecto a la Municipalidad, afirma que “al no haber una ordenanza local de adhesión explícita en La Plata, los controles municipales en el transporte local y los comercios carecen de validez. Debiera haber una adhesión concreta”.

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