El campo pataleó pero ratifican recorte de un beneficio de Arba

Pese a los reclamos de las entidades rurales, el gobierno de la Provincia no dará marcha atrás con la reducción de los descuentos sobre el impuesto a los Ingresos Brutos para los productores del sudoeste bonaerense afectados por la sequía, que comenzará a aplicarse a partir de 2017, de acuerdo a lo que dispone la Ley Fiscal sancionada por la Legislatura la semana pasada.

El jefe de Gabinete bonaerense Federico Salvai, el ministro de Economía Hernán Lacunza y su par de Agroindustria Leonardo Sarquís recibieron ayer a los integrantes de la Mesa Agropecuaria, que plantearon sus reclamos por la reducción en los beneficios impositivos y pidieron que se revea la medida.

El campo reclama por la inclusión en esa norma de un artículo que dispone que los productores agropecuarios de distritos del Sudoeste deberán abonar el impuesto Inmobiliario Rural con un descuento del 35 por ciento. Hasta este año, esos contribuyentes gozaban de una reducción del 70 por ciento en ese tributo, un beneficio que había sido otorgado en el marco de la denominada “Ley del Sudoeste”, para atender la particular situación del campo en esa zona de la Provincia, castigada por la sequía.

Con esta medida, y considerando que ese tributo tendrá un aumento promedio del 36% el año próximo, los chacareros de la región terminarán abonando el triple de lo que pagaron en 2016.

Las entidades advirtieron que la medida tendrá un enorme impacto para los productores y que apenas implicará para el fisco de la Provincia un ingreso adicional de 10 millones de pesos, cifra que representa el 0,002% del Presupuesto de 2017.

En el encuentro de ayer, trascendió, el ministro Sarquís desestimó las críticas y pidió a los dirigentes “recordar lo que pasaron antes y ver cómo están ahora”, al tiempo que sostuvo que la medida responde a un “ordenamiento” impositivo. En ese sentido, instó a “mirar la parte positiva” al señalar que la bonificación “se podría haber eliminado por completo”.

Por su parte, Lacunza planteó a los ruralistas que, aún con la reducción del beneficio al 35 por ciento, los productores deberán pagar 33 pesos por hectárea por año.