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Es otra presentación mientras se define la modalidad de la restitución del aumento
La empresa ABSA deberá cesar con las intimaciones que viene realizando a los usuarios con deuda, en caso de prosperar una presentación radicada en la Justicia platense. El planteo tiene relación con la sentencia por la cual la compañía prestataria del servicio de agua y cloacas debe devolver a sus clientes el tarifazo del 180% que aplicó desde mayo de 2012, de acuerdo a lo resuelto por la Suprema Corte.
El pedido de la medida cautelar se funda en que la firma no puede continuar intimando para el cobro de obligaciones impagas cuando debe devolver a miles de usuarios, según al alto tribunal bonaerense, lo cobrado en forma indebida.
Y se da en medio de las primeras acciones en el desarrollo de la causa que lleva el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, quien debe resolver ese planteo presentado por el ex diputado Oscar Negrelli y uno anterior que solicita que hasta tanto se efectúe la restitución, el aumento deberá dejar de cobrarse y restituirse el 25% de cada factura.
Como viene publicando EL DIA, Arias, como juez de primera instancia, deberá ejecutar la sentencia del máximo tribunal bonaerense, disponiendo la modalidad de la devolución de lo cobrado de más desde 2012, en un proceso a dirimirse entre la parte actora y la empresa.
En ese sentido, el magistrado solicitó el lunes a la prestataria un informe sobre la cantidad de usuarios afectados por ese controvertido tarifazo, el monto total recaudado en ese concepto, y los balances de los últimos ejercicios.
Ahora ABSA contará con cinco días para responder desde que fue notificada y, en base a ese informe el magistrado podría estar resolviendo las dos cautelares juntas las próximas semanas.
Más allá de ese pedido de suspensión del cobro del aumento, en la Justicia se dirime ahora la modalidad y alcance de los montos que deben ser devueltos a los usuarios, descontados de la facturación.
Fuentes provinciales habían calculado en diciembre pasado, cuando la Suprema Corte difundió el fallo, que la decisión implica una suma superior a los 1.800 millones de pesos, muy superior a su facturación anual.
En tanto, la parte actora, que integran Negrelli y la defensora ciudadana platense María Monserrat Lapalma, reclaman la urgente devolución del ajuste, con los intereses correspondientes al tiempo transcurrido desde la primera presentación, ni bien se comenzó a aplicar la suba.
Pero, en ese marco, otro dilema de interpretación judicial asoma a la controversia: la implementación de un nuevo aumento dispuesto desde enero de 2015 y que ronda el 40% promedio.
En este caso, mientras los demandantes sostienen que debe quedar también sin efecto, desde la empresa de mayoría estatal afirman que este nuevo ajuste se realizó sobre el metro cúbico de agua y no en términos porcentuales, como fue el anterior.
La pelea por el polémico aumento se inició en 2012 con el argumento de que se trataba de una disposición ilegal, ya que la Provincia lo había establecido sin la previa celebración de una audiencia pública en la que usuarios y asociaciones de defensa del consumidor expresen sus puntos de vista, ante el valor de la prestación del servicio público.
A sabiendas de que, como lo ordenó la Corte, ahora ABSA deberá devolver lo facturado en ese sentido, mientras define si la modalidad será en cuotas y de qué manera, Arias podría suspender ese cobro y las intimaciones por deudas.
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