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Los tratantes venden mujeres "a precios que van entre los 80.000 y 150.000 pesos", para ser esclavizadas con fines de explotación sexual y el precio final depende de la edad y el destino (si se las envía a un lugar dentro o fuera de la Argentina) según reveló Claudia Flores, una investigadora de la policía de Córdoba presente en el juicio por la desaparición de Marita Verón, considerado un punto de inflexión en la historia de la trata en el país.
El juicio comenzó esta semana con la lectura de la acusación contra los 13 acusados de "privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con promoción de la prostitución".
Marita Verón desapareció el 3 de abril de 2002 y habría sido secuestrada por una red que la obligó a prostituirse en la Argentina y en España.
QUIEN ES QUIEN ENTRE LOS ACUSADOS
Entre los acusados se cuentan María Jesús Rivero (46) dueña de una empresa de radiotaxis y acusada de haber dado la orden de secuestrar a Marita; su hermano Víctor Rivero (40), que trabajaba como remisero y está acusado de secuestrar a la chica con un auto de la empresa y Daniela Natalia Milhein, quien habría mantenido secuestrada a Marita en Tucumán y Yerba Buena antes de venderla a prostíbulos de La Rioja. Milhein, según testigos, se ocupaba de captar chicas a través de engaños para venderlas. Su marido, Andrés González, está acusado de trasladar víctimas a burdeles de La Rioja.
La lista de los acusados incluye a Domingo Andrada (39), un ex policía que habría trasladado a Marita desde Tucumán a La Rioja y Carlos Luna (38), dueño de prostíbulos ubicados en las afueras de La Rioja donde fue vista Marita y acusado de haberla explotado sexualmente. También aparece Humberto Derobertis, encargado de uno de esos prostíbulos y Cynthia Gaitán, esposa de Luna y acusada de haber prostituido y explotado en ellos a Marita.
También están acusados Lidia Medina, Gonzalo Gómez, José Gómez, Natalia Bustos y María Márquez, que manejaban o estaban a cargo de prostíbulos donde fue vista Marita.
El juicio está a cargo de los jueces de la Sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina, y Eduardo Romero Lascano y se presume, por el número de testigos, que podría extenderse durante alrededor de cuatro meses.
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