El yerno del rey de España podría enfrentar hasta 23 años de cárcel

LA INFANTA CRISTINA Y SU ESPOSO, IÑAKI URDANGARÍN

MADRID.- La fiscalía anticorrupción acusará al yerno del rey Juan Carlos de España, Iñaki Urdangarin, de seis delitos castigados con hasta 23 años de cárcel, en el marco de la trama de corrupción por la que está imputado desde hace dos años, según informó ayer el diario español El Mundo.

De acuerdo a la información que maneja el matutino, no habrá pedido de pena para la infanta Cristina (48). Su posible imputación está pendiente, pese a que su defensa argumenta que ésta tendría lugar sólo por “ser quien es” y “no por la existencia de indicios objetivos”.

MULTA MILLONARIA

Asimismo, el fiscal anticorrupción del tribunal de Palma, Pedro Horrach, acusará al ex socio de Urdangarin, Diego Torres, de un delito menos que al yerno del rey: cinco infracciones penales que supondrían un máximo de 19 años de prisión. Para ambos, la multa será de 3.5 millones de euros. Así lo especificará el fiscal en el escrito de acusación que -se espera- entregará al juez José Castro después de Navidad, solicitando la apertura de juicio oral y ya cuando se sepa si se imputa o no a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales.

Al yerno del rey le imputará los delitos de prevaricato, malversación, falsedad, fraude, entre otros. Se librará, por tanto, de la acusación por blanqueo de capitales ya que la legislación en el momento de ocurridos los hechos, entre 2004 y 2008, no castigaba con precisión el “autoblanqueo” (es decir, cuando el que comete el delito que genera el dinero se “lava” su propio dinero).

Esta postura, según el diario El Mundo, facilitaría que la hija del rey pueda librarse de este cargo penal al no atribuírselo a los dos imputados. La infanta Cristina es copropietaria junto a su esposo de la empresa Aizoon, una sociedad que Urdangarin habría utilizado de pantalla para defraudar a la cartera de Hacienda y desviar dinero público. El yerno del rey está imputado desde 2011 por haberse apropiado presuntamente de seis millones de euros junto a su entonces socio Diego Torres.

El 14 de noviembre, la fiscalía había pedido al juez José Castro, que instruye el caso en el tribunal de Palma de Mallorca, no imputar a la infanta Cristina, considerando que no hay indicios suficientes contra ella. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, había negado poco después cualquier “trato de favor” hacia la infanta.

Ya en abril, el fiscal Horrach se había opuesto al juez Castro al presentar un recurso contra una primera imputación de Cristina, decidida justamente por Castro, entonces por tráfico de influencias. El recurso del fiscal fue admitido y la imputación anulada, aunque se permitió al juez abrir otra investigación para aclarar si pudo haber un posible delito fiscal o de blanqueo de capitales.

Desde entonces, el juez Castro ha continuado su investigación pidiendo a Hacienda información sobre los bienes inmobiliarios, cuentas bancarias y declaraciones de impuestos de Cristina.

Iñaki Urdangarín, de 45 años, ex campeón olímpico de handball reconvertido en empresario, fue imputado en 2011 por ese magistrado. La justicia sospecha, que, junto a su ex socio Torres, desvió 6,1 millones de euros de dinero público, a través del instituto Nóos, una sociedad sin fines de lucro que presidió entre 2004 y 2006, que firmó contratos con las autoridades regionales de Baleares y Valencia para la organización y promoción de un congreso relacionado con el deporte.