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El oficialismo aprueba la polémica reforma judicial

Votó en el Senado los cambios en el Consejo de la Magistratura y los convirtió en ley. Habilita la elección popular de sus integrantes. También sancionó otros proyectos que envió el Ejecutivo

9 de Mayo de 2013 | 00:00
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MIENTRAS EL SENADO SESIONABA, UNA NUEVA MOVILIZACIÓN SE REALIZÓ ANOCHE AFUERA DEL CONGRESO DESDE LAS REDES SOCIALES. TAMBIÉN MARCHARON LOS JUDICIALES NACIONALES, QUE SIGUEN DE PARO
MIENTRAS EL SENADO SESIONABA, UNA NUEVA MOVILIZACIÓN SE REALIZÓ ANOCHE AFUERA DEL CONGRESO DESDE LAS REDES SOCIALES. TAMBIÉN MARCHARON LOS JUDICIALES NACIONALES, QUE SIGUEN DE PARO

A pesar de las polémicas y el rechazo que desató desde el propio Poder Judicial, desde el momento en que anunció el paquete de leyes para “democratizar” la Justicia, el Gobierno se propuso aprobarlo en “tiempo récord”. Y anoche dio el paso definitivo al lograr convertir en ley en el Senado los cambios al funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura, la iniciativa más resistida que sólo sufrió, del proyecto original, las modificaciones que reclamó la Corte Suprema sobre el presupuesto.

El polémico proyecto, que habilita la elección popular de los integrantes de la Magistratura -este año por única vez se votará con las primarias de agosto-, fue aprobado por un estrecho margen: 38 votos a favor -solo uno más de los necesarios para dar luz verde a la iniciativa- y 30 en contra, tras un debate de más de siete horas en el Senado, con mayoría oficialista.

La normativa además amplía de 13 a 19 la composición de la Magistratura, integrada por jueces, académicos, legisladores y abogados.

La reforma del organismo encargado de seleccionar, sancionar y destituir a los jueces fue el primero de los temas tratados en la sesión, para pasar luego al debate de los otros tres proyectos referidos a la Justicia, que también fueron aprobados para completar el paquete de leyes, aunque la iniciativa sobre el ingreso democrático al Poder Judicial debe volver a Diputados tras cambios hechos en la Cámara alta.

Los otros proyectos convertidos en ley son el acceso a las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado y la publicidad de los actos del Poder Judicial.

¿ANTICONSTITUCIONAL?

La propuesta oficial de reforma judicial, que fue duramente cuestionada por jueces, abogados, la mayoría del arco opositor e incluso por algunos dirigentes oficialistas, ha abierto un duro debate sobre su constitucionalidad, que derivará en los próximos días en demandas ante la Justicia y hasta no se descarta un pedido de per saltum para que directamente la Corte se expida.

La oposición y organismos internacionales, incluida una relatoría de la ONU -a quien ayer en la sesión le contestó con duros términos el jefe del bloque kirchnerista, el senador Miguel Pichetto-, advierten que los cambios suponen “la politización” de la Justicia y ponen en riesgo su “independencia”, sobre todo por la reforma al Consejo de la Magistratura.

Otro punto polémico de los cambios introducidos por el oficialismo en Diputados sobre la Magistratura, que centralizó gran parte de las críticas de la oposición, fue la modificación de un artículo que establece que sólo podrán presentar candidatos a consejeros en una misma boleta los frentes electorales o partidos que tengan la misma denominación en al menos 18 provincias.

El oficialismo presentó la propuesta como una defensa de los grandes partidos políticos y en contra de la fragmentación, mientras los sectores anti-K consideraron que se trata de una ventaja importante que tendrá el Frente para la Victoria, que será la única agrupación que podrá disponer de una boleta a su nombre en todos los distritos.

Los opositores criticaron además que el oficialismo primero apoyó el proyecto inicial que le retiró la administración de fondos y la superintendencia a la Corte Suprema y ayer regresó la iniciativa con la restitución de esas facultades.

Pichetto criticó a la oposición por “la campaña de consignas y panfletos que dramatizan en extremo sobre caída de la República” y aseguró que en la Argentina “no se persigue a ningún juez, ni a fiscales ni al Poder Judicial”.


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