Báez: buscan datos en unidad antilavado

EL EMPRESARIO SANTACRUCEÑO LÁZARO BÁEZ

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo gubernamental antilavado, debió entregar a la Justicia información sobre reportes de operaciones sospechosas (ROS), luego de una denuncia de diputados nacionales del PRO que reclamaron que se investigue si se ocultó material comprometedor para el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

La información fue proporcionada al juez Claudio Bonadío, quien había hecho el requerimiento, informó ayer el ente que conduce José Sbatella a través del Ministerio de Justicia.

NIEGAN ALLANAMIENTO

La UIF “desmintió enfáticamente” que el viernes pasado se hayan allanado sus oficinas, pero admitió que ese día “se recibió una orden de presentación firmada por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11”, el juez Bonadío, “en la que requirió información relacionada con los reportes de operaciones sospechosas vinculados a una causa iniciada por diputados del PRO”.

“Ese mismo día se dio cabal cumplimiento a lo solicitado por el juez: se entregó copia de la documentación en soporte digital, ya que la información original había sido remitida al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del Dr. Sebastián Norberto Casanello el pasado año”, dice el comunicado de Justicia.

También se afirmó que “esta denuncia, inspirada en una nota periodística, resulta ser idéntica a la efectuada por el Senador Nacional José Manuel Cano el 3 de mayo de 2013”.

“Al respecto, este mediodía el Presidente de la Unidad de Información Financiera presentó un escrito solicitando la acumulación de la causa” en el juzgado “a cargo del Dr. Claudio Bonadío”, añadió.

Estas diligencias fueron consecuencia de una presentación judicial de diputados de Unión PRO, quienes denunciaron a Sbatella para que se investigue si retuvo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por un banco sobre la compañía del empresario kirchnerista Báez y una financiera.

UNA DENUNCIA ANTERIOR

La denuncia fue hecha por los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes acusaron a Sbatella por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Mientras, en la causa anterior promovida por el Senador Cano, se formuló una denuncia sobre el actuar de la UIF con relación a reportes de operaciones sospechosas (ROS), informados por entidades bancarias en virtud de movimientos de dinero realizados por la firma “Invernes” relacionada con el empresario de Santa Cruz Lázaro Báez.