Atacan a una abogada por defender a una víctima de violencia familiar

TRAS UNA SERIE DE AMENAZAS TELEFÓNICAS, LA DOCTORA SARA CÁNEPA TERMINÓ SIENDO AGREDIDA POR EL EX ESPOSO DE UNA CLIENTE SUYA A LA QUE PATROCINABA POR UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR.

La historia arranca como tantos casos de violencia familiar. En junio del año pasado, tras ser golpeada por su marido, la mujer se fue de la casa con sus cuatro hijos y presentó una denuncia policial. Para evitar nuevas agresiones, la Justicia dispuso un perímetro de exclusión que el hombre debía cumplir. Pero lejos de aliviar tensiones, como sucede generalmente, la medida desató en él un enojo aun mayor: primero amenazó de muerte a varias personas del entorno de su ex mujer, luego la atacó a golpes a ella misma en la calle, más tarde destrozó el auto a su abogada... así en una escala de violencia que, frente a la falta de medidas para ponerle freno, llevó finalmente a que tanto el Colegio de Abogados como la Defensoría del Pueblo resolvieran tomar intervención.

Sucede que el caso, como señalan desde ambos organismos, pone en evidencia una problemática que no sólo se ha vuelto cada vez más frecuente, sino que no parece encontrar solución. Porque lo cierto es que si bien en los últimos años la Justicia ha agilizado mucho las medidas precautorias para proteger a las víctimas en situaciones de violencia familiar, cuando esas medidas no son acatadas por los agresores, rara vez se hace algo más.

“Fue a principios del mes pasado. Había salido de mi estudio como a las siete de la tarde y estaba estacionando el auto en 11 entre 43 y 44 cuando apareció. Me empezó a gritar que por culpa mía no veía a sus hijos. Le pedí que se calmara pero se ponía cada vez peor. Pasaban los autos por al lado nuestro y nadie paraba. Tal vez por eso se envalentonó. Pensé que me iba a golpear; en lugar de eso se la agarró con el auto”, cuenta Sara Cánepa, la ex abogada de la mujer.

Aquella no era la primera vez que Cánepa sufría agresiones por parte del ex marido de su clienta. Como consta en varias denuncias penales presentadas por ella misma desde agosto del año pasado, el hombre ya la había llamado en distintas oportunidades a su estudio jurídico para amenazarla de muerte por meterse con él.

Con todo, la abogada no era el único blanco de su enojo. “Antes había hostigado a una amiga de su señora, a la que acusaba de haber promovido la separación, había amenazado de muerte a su hermana y, al descubrir dónde vivía, interceptó a la madre de sus hijos en la calle y la agarró a patadas”, cuenta Cánepa, quien después del episodio del auto renunció a su representación.

“Me di cuenta de que ya no le era útil a la clienta porque mi intervención exacerbaba mucho al agresor, pero además porque yo ya no estaba en una situación de objetividad con respecto a él. Fue por eso que me hice a un lado y tomó intervención el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, que la puso en contacto con un defensor público”, explica la abogada, quien aún así no logró librarse de las amenazas de muerte y acaba de solicitar también ella medidas de protección.

ANTESALA DE FEMICIDIOS

“El delito de amenazas no existe en nuestro sistema judicial, porque nadie lo investiga -sostiene la abogada-. Las denuncias se acumulan en las fiscalías sin que nada suceda. Es así que las personas que amenazan lo siguen haciendo hasta que en algunos casos terminan por concretarlas. Si a eso le sumás el hecho de que las medidas de protección para las víctimas pueden incumplirse sin que tampoco pase nada, no debemos extrañarnos de que la violencia familiar se cobre la vida de tantas mujeres en el país”.

“Mas allá de lo repudiable del hecho, lo que nos preocupa es que hemos comenzado a notar cada vez más casos de este tipo entre colegas que se dedican al fuero de Familia, lo que evidencia que el sistema no sólo no termina de contener a las víctimas de violencia sino tampoco a sus representantes legales”, señala Fernando Levene, el presidente del Colegio de Abogados de La Plata.

Además de solidarizarse con la abogada agredida, la entidad profesional se puso en contacto con el ministerio de Justicia par hacerle frente a esta problemática cada vez más habitual. “La idea es convocar a colegas que han pasado por este tipo de situaciones y armar junto con el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo un protocolo de intervención. Si a este tipo de denuncias no les damos la entidad que merecen, mañana estamos en la antesala de otro femicidio”, sostiene Levene.