El duro tire y afloje detrás de un fracaso legislativo

LAS DISCUSIONES EN EL SENADO TERMINARON POR ABORTAR EL DEBATE LEGISLATIVO SOBRE LAS POLICÍAS MUNICIPALES

Por MARIANO PEREZ DE EULATE

Un Daniel Scioli diferente al habitual, alejado de ese que se dice fanático de los consensos, apareció hace algunas horas cuando anunció por televisión que creará la Policía Comunal a través de una resolución ministerial -y por lo tanto unilateral- sin esperar la salida de la ley correspondiente.

Fue luego de que se cayera por quinta vez el trámite parlamentario en el Senado provincial, que debía otorgar el marco legal para la implementación de lo que se supone es una de las principales apuestas de gestión del sciolismo en el tema más sensible de la agenda pública bonaerense: la inseguridad.

Todo parece indicar que mañana mismo el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, firmará y elevará al Gobernador la resolución que da vida a las fuerzas comunales para ciudades de más de 70 mil habitantes, de acuerdo a las facultades que le otorga al Poder Ejecutivo la llamada Ley de Policía Provincial.

El mismo Scioli ilustró el estatus que finalmente tendría el cuerpo a crearse diciendo que será “como la Policía Rural”. En realidad se trata de una Superintendencia, la de Seguridad Rural, dentro de la estructura de la Policía bonaerense, que fue creada por la resolución ministerial número 2663 de julio de 2011, cuando el ministro del área era Ricardo Casal, actual titular de la cartera de Justicia.

Según fuentes de la Gobernación, la estructura que nacerá ahora seguirá la idea del proyecto original de Granados. Aquel que fue enviado a la Cámara de Diputados bonaerense pero que fue modificado allí, donde le introdujeron cambios consensuados con todas las fuerzas que después votaron a favor.

Esas modificaciones luego serían rechazadas por distintos bloques opositores en el Senado -incluyendo al massismo que, en actitud media esquizofrénica, había votado a favor en la cámara baja- ocasionando el berenjenal legislativo y las discusiones rimbombantes que impidieron su aprobación.

Si Scioli efectivamente saca una resolución siguiendo la idea original, los efectivos de las policías comunales podrían portar armas más allá de la finalización de su horario de trabajo y podrían demorar algunas horas a las personas por averiguación de antecedentes, entre otros puntos que fueron muy discutidos en el trámite parlamentario.

“Es una fuerza de aproximación y prevención, con competencia puramente local”, explican en el sciolismo para resumir el espíritu de la nueva policía. Que en realidad, si sale vía resolución ministerial, terminaría no siendo una nueva fuerza sino una estructura más de la ya conocida Policía Bonaerense.

La Policía local, que sería coordinada y dirigida por cada intendente según el proyecto original, sería financiada por la Provincia pero hasta no ver la resolución no quedará en claro el mecanismo a adoptar. El proyecto que fue planchado el jueves último en la Cámara Alta en verdad no asegura el giro automático de fondos a los municipios con un esquema similar al de la coparticipación de impuestos.

Ese fue el reclamo público más fuerte del massismo, el argumento real para oponerse a la aprobación del texto que había llegado de Diputados. Es que los intendentes del Frente Renovador, que en la Provincia representan un número respetable, no quieren quedar “entrampados” a futuro.

VARIABLE DE AJUSTE

Concretamente, si el envío de fondos para solventar la Policía local no está asegurado por ley los jefes comunales temen que el gobierno les corte el financiamiento de la fuerza ante la primera situación de necesidad de ajuste provincial o, directamente, use esa variable para condicionarlos políticamente.

Mañana mismo el ministro Granados elevará al Gobernador la resolución que da vida a las fuerzas comunales para ciudades de más de 70 mil habitantes

Pero aunque no se diga públicamente porque sería casi un escándalo, la verdad es que muchos intendentes del oficialismo también piensan lo mismo.

Muy pocas voces del kirchnerismo que gobiernan municipios de la Provincia se han manifestado a favor del proyecto que estaba en Senadores. Sí apoyan el concepto global de que existan fuerzas que se ocupen de la prevención municipal, pero respaldos a la iniciativa oficial tal cual se estaba discutiendo no han abundado.

Granados, en tanto intendente de Ezeiza en uso de licencia, sabe perfectamente esto porque se reúne muy seguido con sus colegas, al punto que más de una fuente provincial suele caracterizarlo como un ministro de Seguridad y también de Gobierno. Un palo, si se quiere, para Cristina Álvarez Rodríguez, la titular oficial del área que naturalmente debería ser el nexo con los jefes comunales.

Una muestra de que los intendentes del kirchnerismo/sciolismo no quieren el proyecto tal cual estaba concebido, esto es sin el financiamiento automático, lo constituye el hecho de que cuando el tema se trató las primeras veces en Diputados existió una suerte de maniobra subterránea motorizada desde el Frente para la Victoria y destinada a boicotear la aplicación efectiva de la norma si ésta se aprobaba en el Senado.

Según fuentes del oficialismo consultadas por este diario, aquella “rosca política” era piloteada por un ex intendente de la Tercera Sección Electoral (sur del Conurbano) que hoy es diputado y consistía, básicamente, en convencer a los jefes comunales afines de que no adhieran a la ley. Porque, y acaso esa es una debilidad de origen, la norma estipula que luego de dar el marco legal a las Policías locales las intendencias de más de 70 mil habitantes tienen la opción de adherir o no a ella. En criollo: no es obligación.

Esos jefes comunales descontentos del oficialismo ven a la ley de Policías Locales -tal como se estaba debatiendo- más como una jugada de Scioli para apoderarse de un tema política y mediáticamente “vendible” que como una medida que pueda tener continuidad en el tiempo y que sirva en serio para bajar los índices de inseguridad.

Lo dicho: piensan parecido en el Frente Renovador pero con la diferencia de que allí, además, persiguen el objetivo de no hacerle fácil al Gobernador la pelea por la Presidencia porque el jefe político del espacio, el diputado nacional Sergio Massa, es el principal rival de Scioli en esa carrera.

“NO SALE”

El jueves, Massa llegó a dialogar con el Vicegobernador y titular del Senado, Gabriel Mariotto, en un intento de éste para destrabar el trámite. Ambos se conocen hace tiempo, desde que militaban en las filas del extinto duhaldismo. Mariotto tenía mucha presión del Ejecutivo luego de cuatro sesiones frustradas y los legisladores del FR le habían adelantado temprano que, en una reunión el miércoles a la noche, el tigrense les había confirmado su intención de no acompañar.

“No sale”, escuchó Mariotto otra vez en esa conversación con Massa. Luego de eso se reunió brevemente con Scioli. “La saco por decreto”, adelantó el Gobernador en esa charla. Una forma de decir que sería expeditivo porque enseguida se juntó con Granados para empezar a delinear el proyecto de resolución, que es la vía legal que realmente puede aplicar para este caso.

El envío del proyecto de ley a la comisión de labor legislativa resultó un camino para aliviar las tensiones y, sobre todo, para destrabar la actividad en la Cámara Alta, que venía paralizada desde que se desató la polémica por la Policía Comunal. Una discusión que incluyó denuncias de compra de votos y de operativos de inteligencia armados para perjudicar a los opositores.

Acaso buscando enterrar esos papelones que sucedieron hace apenas unos días, y como parte del acuerdo, se pactó una suerte de silencio cortés para que ni el Frente Renovador ni el Frente para la Victoria se agredan mutuamente. “La verdad, es una ley que terminó siendo muy incómoda; nadie la quería realmente”, se sinceraba un senador ante este diario cuando ya todo el mundo daba por muerto el proyecto.