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17.10.2017

Dan de baja a los acuerdos impuestos por la UOCRA a empresarios de la Región

La Provincia tomó la medida por considerarlos "coercitivos". Rige también para la seccional de Bahía Blanca

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El Gobierno bonaerense dio hoy de baja "por coercitivos" a los acuerdos con empresarios de la construcción que regían en las seccionales de la UOCRA de La Plata y de Bahía Blanca, según informó el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas.

El funcionario explicó a esta agencia que hoy la cartera laboral bonaerense dio de baja "los convenios que regían para la construcción en La Plata y Bahía Blanca, porque en ambas ciudades cesaron las amenazas, los aprietes y la coacción a partir de la detención de José 'Pata' Medina y de la renuncia de la conducción bahiense del gremio".

De hecho, el funcionario señaló que, más allá de los cambios en ambas seccionales, "los efectos jurídicos de los acuerdos firmados bajo esas amenazas seguían vigentes".

En declaraciones a la prensa, la gobernadora María Eugenia Vidal había anticipado que tanto en La Plata como en la ciudad de Bahía Blanca se iban a "dar de baja estos convenios", que implicaban -indicó- "medidas extorsivas y de aprietes que no tenían que ver con los derechos de los trabajadores sino con los negocios personales de los sindicalistas".

En este sentido, precisó que, tras la anulación de esos convenios, se van a volver a firmar "otros convenios". "Ahora los empresarios van a poder hacer más obras porque no va a tener estos convenios extorsivos y va a haber más trabajo", manifestó la gobernadora y subrayó la necesidad de que existan representantes sindicales que "defiendan" a los trabajadores "y no los usen".

En tanto, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires destacó que la decisión de dar de baja los convenios vigentes surgió tras reuniones que mantuvieron tanto en La Plata como en Bahía Blanca con los distintos sectores involucrados en las cuestiones vinculadas con la construcción.

De hecho, indicó que de esas conversaciones participaron "todas las cámaras empresarias, colegios profesionales de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros, Unión Industrial, autoridades de YPF, intendentes, el ministro de Infraestructura, los nuevos normalizadores de ambas seccionales y representantes de la UOCRA central".

"Acordamos con todas las empresas que todos los acuerdos con cláusulas aceptadas bajo coacción sean denunciados y dados de baja", precisó el funcionario de la gestión encabezada por Vidal.

De ese modo, dijo, "se cae el direccionamiento de contratación de viandas, de baños químicos, de combis para trasladar gente y de bateas de asfalto", como así también "el mal uso de la bolsa de trabajo, por la cual se obligaba a contratar entre 50 y 70% de mano de obra que ellos imponían".

"Ahora las empresas podrán contratar la gente que necesitan con las calificaciones que necesitan", añadió Villegas y recordó que, "en La Plata, en una obra de 100 personas, la UOCRA obligaba a meter 70 más, que no iban".

"Por todas estas cuestiones, el costo promedio por metro cuadrado en la capital bonaerense se incrementaba en un 40%, mientras que en Bahía Blanca en un 20 por ciento", subrayó el funcionario.

Para Villegas, se abre así "una nueva instancia de negociación para que las partes puedan reequilibrar las relaciones laborales, liberar las inversiones y reactivar las obras" aunque aclaró que "nosotros no vamos contra los derechos de los trabajadores".

Por otro lado, relató que hacía meses que el ministerio había resuelto dejar de hacer inspecciones en obras de La Plata porque "Medina, en connivencia con empleados que ahora estamos investigando y sumariando, amenazaba a los empresarios para obtener cosas".

"Les decían: 'O nos dan determinada cosa o mañana te cae una inspección'. Entonces decidimos no ser parte de eso", remarcó y consideró que "estos años, el ministerio de Trabajo fue una escribanía de la UOCRA, le guste o no al ex ministro Oscar Cuartango, porque él permitió todo esto y nosotros lo cortamos".

Medina fue detenido hace dos semanas por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, que hoy dispuso la prisión preventiva por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.

Sobre el sindicalista pesan dos otras dos prisiones preventivas dictadas por la justicia penal provincial por los delitos de "asociación ilícita" y por “intimidación pública” por haber dicho que prendería fuego la provincia si lo detenían.

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