La Corte reclama $32 mil millones de presupuesto pero le dan 2 mil menos

Con críticas a la forma en que se le asignan recursos y con un pedido concreto para que se avance con una ley que le otorgue autarquía en materia presupuestaria, la Suprema Corte elaboró y giró al Ejecutivo sus necesidades de fondos para 2018. El alto tribunal estimó que necesita para funcionar cerca de 32 mil millones de pesos. Sin embargo, el Ejecutivo provincial le asignó casi 2.500 millones de pesos menos.

La Corte proyectó una necesidad de recursos por 20.450.000.000 pesos y estableció que otros 11.428.146.720 pesos requiere la Procuración. Pero el gobierno de María Eugenia Vidal dispuso, si no se registran cambios de último momento en el proyecto oficial que ingresó a la Legislatura, que la cabeza del Poder Judicial deberá arreglarse con menos: 19.159 millones de pesos para la administración de justicia y 10.255 millones para el Ministerio Público.

En el proyecto elaborado por la Corte, se señala que “el normal desarrollo de la administración de justicia, entre otros factores, exige que los órganos que la componen cuenten con recursos económicos adecuados, normativamente asegurados, para cumplir con el cometido constitucional y convencional de garantizar a todo habitante un acceso útil a la jurisdicción”.

En ese contexto, el alto tribunal formula un planteo al Ejecutivo en relación a los cargos sin cubrir que existen en el Poder Judicial. “Respecto de los aproximadamente 2.800 cargos vacantes, en su mayoría se encuentran asignados”, se indica, pero “dado el tiempo que demanda la cobertura, se ha considerado prudente y coherente con un uso racional de los recursos, no solicitar nuevos, considerando además que la expansión de planta podrá ser atendida con parte de aquellos”.

En la partida de Personal, la Corte incluye 10 mil horas cátedra para atender las tareas docentes organizadas por el Instituto de Estudios Judiciales.

En total, los fondos que requiere al alto tribunal para esa partida ascienden a 16.712 millones de pesos. Para el cálculo de ese ítem se tomó en cuenta los cargos autorizados en 2017, los ocupados y a ocupar, la anualización de la política salarial vigente, el devengamiento de un año adicional de la bonificación por antigüedad y, entre otros conceptos, asignaciones familiares y subsidios al personal, entre otros.

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Por otra parte, la Corte justifica en parte el aumento de las partidas que solicita en el “deslizamiento que se verifica en el nivel de precios de los bienes y servicios” producto de la inflación. En este caso, el alto tribunal estima gastos por 167 millones de pesos.

El presupuesto realizado por el alto tribunal contempla un incremento en la partida vinculada al alquiler de inmuebles “derivado del aumento en la cantidad e importes que se abonan por ellos”. Para el ejercicio 2018 se estima un monto cercano a los 168,5 millones de pesos. De ellos, 10 millones de pesos se destinarán a inmuebles alquilados para la Justicia de Paz. También se contempla el pago de 129 millones de pesos para la contratación del servicio de limpieza de edificios

Otro de los ítems del proyecto realizado por la Corte tiene que ver con la compra y refacciones de edificios. Por caso, se proyectan 432 millones de pesos para la adquisición de inmuebles para “nuevos órganos y dependencias o descomprimir edificios centrales con sobrecarga o en estado de saturación”.

Además, se incorporaron 1.775 millones de pesos para la construcción o refacción de inmuebles.

PLANTEOS

En otro tramo de su iniciativa que giró a miembros del Poder Ejecutivo y de la Legislatura, la Corte insiste con un planteo sobre la forma en que se le terminan asignado sus recursos.

“Esta Corte no ignora las dificultades que afrontan las finanzas de la Provincia y tiene presente el ilegítimo trato que experimenta en cuanto a la coparticipación de impuestos y a la distribución del denominado Fondo del Conurbano”, señala, para añadir que, sin embargo, “no puede dejar de señalar la subsistencia de un sistema normativo inconsistente con el régimen constitucional , en cuanto a través de una norma proyectada por el Poder Ejecutivo, el legislador atribuye a aquél la determinación de las retribuciones de otro poder, como es el Judicial”.

Y luego, apunta a los salarios que reciben los magistrados y empleados. “Es preciso recordar que el servicio de justicia es consustancial al Estado de Derecho, que quienes lo protagonizan deben brindarlo con exclusividad, lo que supone la prohibición de toda otra actividad profesional excepto la docencia y que, como se dijo, su normal funcionamiento demanda la asignación de los recursos económicos no sólo para atender las necesidades de infraestructura y renovación tecnológica, sino para cumplir con una remuneración apropiada al personal”.

Y abunda: “En esta materia se advierte una tendencia que ha mellado la remuneración de jueces, funcionarios y empleados judiciales. De modo pronunciado se advierte que los ingresos de quienes laboran en el Poder Judicial de la Provincia, comparados con los que perciben los miembros de la Justicia nacional y federal, son muy inferiores, configurándose una brecha entre ambos que en promedio supera el 40%”.

Además, la Corte afirma que “tomando en consideración la serie de incrementos dados en promedio ponderando a los magistrados en los últimos 15 años, comparados con la evolución del índice de aumentos de precios a nivel general para el mismo período, refleja una pérdida del poder adquisitivo de similar magnitud”.

NEGOCIACIONES

Ayer, en tanto, el oficialismo multiplicó reuniones en busca de conseguir consensos para votar mañana en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2018 y la ley Impositiva.

Al encuentro con entidades del campo (ver aparte), siguieron otras con representantes de cooperativas que se quejaron por la intención del Ejecutivo de que aquellas que explotan supermercados dejen de estar exentas en relación al pago de Ingresos Brutos.

Mientras diputados y senadores del oficialismo avanzarán hoy con funcionarios de Economía en algunas reformas que tienen que ver con los fondos que recibirá la Defensoría del Pueblo, la afectación de recursos del Fondo Educativo y una leve reducción sobre la presión fiscal al campo en el tributo de Sellos, en forma paralela se llevan a cabo negociaciones políticas con el Frente Renovador de Sergio Massa y sectores del peronismo, ya que Cambiemos requiere reunir dos tercios de los votos para sancionar el endeudamiento de cerca de 59 mil millones de pesos contemplado en el proyecto.

En ese contexto, anoche trascendió que Massa se habría reunido con altos funcionarios del Ejecutivo para analizar la actitud de sus bloques, que una vez más serán cruciales para que el oficialismo pueda llevar la votación a buen puerto.