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El nuevo sistema ya empezó a regir. Las declaraciones juradas deberán actualizarse todos los años y serán de acceso público. Esta semana se había sancionado la ley que obliga a funcionarios y legisladores
Los jueces, fiscales, funcionarios, peritos oficiales y parte de los agentes del Poder Judicial bonaerense deberán presentar a partir de ahora declaraciones juradas de bienes, que serán de acceso público. Así lo dispone una resolución de la Suprema Corte de Justicia, a la que tuvo acceso EL DIA, firmada por los ministros del tribunal a pocas horas de que se sancione una ley que fija esa obligación para funcionarios y legisladores.
Hasta ahora, en el ámbito de la Justicia bonaerense no había un régimen integral para que los funcionarios den a conocer su evolución patrimonial. Sólo una vieja normativa de la Corte fijaba algún requisito pero sin contemplar, por ejemplo, los mecanismos de acceso público a esa información.
Ahora, el tribunal que preside Hilda Kogan firmó una resolución, con fecha 20 de diciembre, con el reglamento para las declaraciones juradas que deberán ser presentadas por magistrados y funcionarios del Poder Judicial, los peritos oficiales y los agentes que por la naturaleza especial de sus funciones se encuentre alcanzados por regímenes especiales de control. En este grupo están los empleados que tienen intervención en procesos donde hay administración patrimonial.
Según el acuerdo 3880, la reglamentación se hizo con la participación de la Procuración General, luego que la Corte dispuso hace un año la creación de una mesa de trabajo para definir los nuevos requisitos que deberán cumplir los magistrados en sus declaraciones juradas.
La Suprema Corte estableció que la declaración se hará a través de una plataforma digital creada para ese fin y que contendrá una parte reservada y otra pública.
El formulario sintético, que será de carácter público, contendrá una enunciación de los bienes y actividades del obligado, de su cónyuge o conviviente, y/o de quienes se encuentren bajo su responsabilidad parental, tutela o curatela, al 31 de diciembre del año inmediato anterior, tanto en el país como en el extranjero, sin contener precisiones que pudieren afectar su derecho a la privacidad o su seguridad, explica el texto.
La resolución de la Corte establece además que los alcanzados por la obligación deberá declarar las actividades profesionales que hubieren desempeñado durante los cinco años anteriores a su designación.
Prevé, además, que la declaración jurada de bienes de jueces y fiscales deberá hacerse una vez por año y que si no la cumplen se remitirán los antecedentes a la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia o de la Procuración.
Las declaraciones juradas también deberán presentarse antes de asumir los cargos y como condición indispensable.
Esa exigencia regirá también para quienes sean promocionados a categorías o funciones en las que se imponga la obligación de declarar bienes.
La firma por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de esta resolución se produjo a pocas horas de que el Senado bonaerense sancione una norma que estipula la obligación de declarar bienes en forma anual a funcionarios de altos rangos del Ejecutivo y legisladores.
La ley que impulsó el gobierno de María Eugenia Vidal invita a sumarse a los 135 Municipios, a sus concejos deliberantes; a las asociaciones gremiales toda entidad que administre derechos e intereses entre el sector público y la ciudadanía.
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la resolucion fue firmada por los seis ministros del tribunal provincial/suprema corte de justicia
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