La ley de Obra Públicas sigue demorada en la Legislatura

Fue planteada como una de las prioridades del año legislativo por la gobernadora María Eugenia Vidal, que la considera una herramienta clave y vital para avanzar con obras claves en un año electoral donde su administración deberá salir a mostrar “gestión”. Pese a eso, el proyecto para reformar la Ley de Obra Pública de la Provincia, que data de la década del 50, está demorado en las comisiones de la Cámara de Diputados en medio de una puja abierta entre los representes del Cambiemos y un sector del Frente Renovador.

Desde el massismo acusan al oficialismo de no concurrir a las reuniones de la Comisión de Reforma Política que ahora analiza la norma. Desde Cambiemos rechazan esos cuestionamientos y acusan al presidente de ese cuerpo, Pablo Garate, de convocar a reuniones sin acuerdos previos sobre los temas que se van a tratar.

Lo cierto es que, en medio de esa pulseada, desde el año pasado la norma no logró avanzar un solo paso en la Cámara baja bonaerense, donde es considerada la de mayor peso en una agenda castigada por la dinámica electoral que ya instaló en la Legislatura.

La demora en el avance del proyecto que lleva la firma del diputado “amarillo” César Torres obligó días atrás a la gobernadora Vidal a prorrogar la ley de emergencia en Obra Pública, un estado de excepción que le permitió en los últimos doce meses agilizar la licitación y adjudicación de trabajos y cuya vigencia vence el próximo 20 de abril.

La emergencia que rige actualmente le permitió a Vidal sortear algunos de las “trabas” que, entienden en el gobierno provincial, tiene la actual ley de Obra Pública, la 6.201, sancionada y reglamentada en 1959. En concreto, habilita a prescindir de varios procedimientos de control para contratar a empresas que hagan trabajos en la Provincia.

Pero para el gobierno de Vidal, la emergencia no es suficiente para dar marco legal a la obra pública, sobre todo en las tres áreas con mayores urgencias, como son las relacionadas a trabajos hidráulicos, de cloacas y de agua, más allá del enorme retraso en materia de infraestructura vial. Por eso, impulsaron un anteproyecto que fue acercado por el ex ministro de Infraestructura Edgardo Cenzón.

El proyecto para modificar la legislación de fondo apunta, básicamente, a acortar los plazos de licitación, adjudicación e inicio de obras. Según estimaciones de los funcionarios del área, con la vieja norma, entre que se inicia el trámite para una obra y se coloca “el primer ladrillo” se demora un lapso de entre 10 y 12 meses. El segundo gran objetivo que persigue el proyecto que empujó Vidal es cambiar el esquema de financiamiento de las obras públicas: habilitar la posibilidad de que los privados acerquen un esquema de financiamiento propio, es decir, de esta forma, una empresa constructora podrá gestionar créditos, por ejemplo de organismos internacionales, para cubrir los costos de las obras.

TIRONEOS

En un primer momento, el proyecto tuvo una marcha auspiciosa en Diputados. Luego de un debate del que participaron todas las fuerzas, y que derivó en varias modificaciones al texto original, salió con despacho unánime de la Comisión de Obra Pública a fines del año pasado.

Pero desde ese momento, la iniciativa quedó instalada en medio de un tironeo abierto en la Comisión de Reforma Política, que debe analizarla para darle, eventualmente, un segundo despacho favorable.

El presidente la comisión, el massista Pablo Garate, dice que el proyecto no avanza porque “los diputados de Cambiemos no van a las reuniones convocadas para analizar el proyecto” y los acusa de “demorar su propio proyecto”, cuestionando puntualmente a los oficialistas Santiago Nardelli, Maximiliano Abad y Daniel Ivoskus.

Desde la conducción de la Comisión de Reforma Política entienden que las ausencias son parte de una jugada para evitar que se den despacho a otros proyectos, como la ley de Etica Pública y otra para crear una Oficina Anticorrupción.

De parte de Cambiemos no hubo respuesta oficial. Fuera de micrófono, los oficialistas cargan contra Garate, a quien acusan de actuar “en medio de una pelea interna de su bloque, que no lo acompaña en esta jugada”.

“No es que no vamos nosotros, no va el FpV tampoco. Porque nadie quiere avalar su jugada de convocar a una reunión sin consensuar antes un temario del día”, dicen cerca del bloque de Cambiemos, desde donde incluso sugieren la posibilidad de que el proyecto sea “sacado” de la comisión y llevado al recinto en un tratamiento “sobre tablas”.