Desde chefs hasta un decorador de interiores en la plantilla del Servicio Penitenciario

Un decorador de interiores, tres chefs internacionales, un antropólogo y siete guías y técnicos en turismo. No se trata de un aviso para requerir personal especializado publicado por alguna empresa multinacional, sino el curioso perfil profesional de algunos de los empleados del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La Auditoría que tiene a cargo un relevamiento de los cerca de 23 mil agentes del SPB y del funcionamiento de ese organismo, se encontró con esas sorpresas. No son las únicas. Cuentan que hay personal que no cumple horarios o va a trabajar dos o tres días por semana, superpoblación de empleados en algunas dependencias y, en contraposición, un número de guardiacárceles inferior al necesario para cuidar a los cerca de 34 mil detenidos que están alojados en los penales.

Con ese diagnóstico, comenzaron aparecer medidas drásticas. Por un lado, personal que cumple tareas administrativas y que por escalafón está en condiciones de trabajar en contacto con detenidos, empezará a ser trasladado a los penales. No sólo eso: ya fueron expulsados del Servicio 847 agentes que no estaban asistiendo a sus lugares de trabajo en forma regular. Esa cifra, conforme avancen los controles, podría extenderse a 1.000.

El Servicio Penitenciario está intervenido desde fines de octubre del año pasado. El Gobierno bonaerense tomó esa decisión luego de comprobar numerosas irregularidades en su funcionamiento. Quedó en manos de civiles. De hecho, su actual jefe es Juan Baric, mientras que a cargo de la Auditoría General quedó Fernando Rozas, hasta entonces asesor del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

CUADRO CAOTICO

El cuadro de situación que describen en el ministerio de Justicia es por lo menos caótico. Señalan que han puesto manos a la obra en procura de desactivar las “numerosas irregularidades” que se venían registrando en una de las áreas en las que ordenó meter bisturí a fondo la gobernadora María Eugenia Vidal.

“¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, un decorador de interiores o un chef en el Servicio Penitenciario cuya función básica es cuidar y contribuir a reeducar a los detenidos para que luego puedan reinsertarse en la sociedad?”, se preguntan con asombro cerca del auditor civil de la fuerza, Fernando Rozas. Concluyen con una sentencia lapidaria: “No había ningún tipo de control en el ingreso”. Creen, además, que hubo designaciones “de favor” y un “festival” de nombramientos en áreas profesionales.

Durante años, según confiaron fuentes irreprochables, el acceso a la fuerza penitenciaria había quedado bajo el control de la política. “Venían los intendentes con una planilla con los nombres de la gente de su distrito que tenía que entrar. Y así, se pagaban favores sin que existiera ningún tipo de selección del perfil de gente que se tomaba”, explicaron.

Ese sistema funcionó durante un largo tiempo. Tanto, que se multiplicó el número de personal administrativo y profesional. Y quienes están en contacto con los detenidos son menos que los que se requiere.

Existan datos por demás llamativos. En todo el SPB trabajan 228 odontólogos, de los cuales 200 son de La Plata. Y 517 médicos. “Pero encontramos que hay unidades (carcelarias) sin prestaciones de este tipo”, dicen en la Auditoría. Y hacen cuentas: “Con 385 médicos tendríamos cubierto el servicio las 24 horas los siete días de la semana”.

“Fuimos muchas veces a las cárceles y no encontramos ni médicos ni odontólogos”, añaden.

Los actuales funcionarios del Servicio Penitenciario pusieron estas cuestiones bajo la lupa. Se realizaron inspecciones y, puntualmente, control de asistencia. Como la ley del personal del organismo establece que faltar cinco días sin aviso supone abandono de servicio, está en pleno proceso la expulsión de la fuerza de 847 agentes.

Por esa causa, el clima en el SPB no es el mejor. Cadenas de mails, anónimos que circulan por las redes sociales y páginas de Facebook dan cuenta de las supuestas “irregularidades” que se estarían registrando con estas determinaciones en medio de un malestar que se palpa en diversas dependencias. Hablan de “abusos” de parte de las autoridades y que están siendo separados de la fuerza agentes que nunca habían tenido un sumario.

“No puede ser que en la cárcel de Olmos haya un penitenciario cada cinco presos, mientras que en los jardines maternales hubiera un docente cada dos chicos”, dicen en la Auditoría del SPB

“Había lugares llenos de gente que no se sabía qué hacían. Estamos repensando el Servicio Penitenciario completamente para modernizarlo. Hay que trabajar sobre la gente y capacitarla. Y todos estos cambios van a generar crujidos”, admitió el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

Una de las grandes revuelos se generó en los jardines de infantes y maternales a raíz de las versiones sobre el eventual cierre de algunas de esas cuatro instituciones, tres de las cuales funcionan en La Plata y la restante en Batán. “Detectamos superpoblación de personal”, dicen en la Auditoría.

“Hay 154 empleados entre docentes, profesionales y administrativos para atender a 346 niños. Por ejemplo, en la Unidad 1 de Olmos hay 360 penitenciarios para atender a 2.400 detenidos. Y en la alcaidía Petinatto, 150 penitenciarios para 781 presos”, comparan. “Hay un penitenciario cada 5 presos en Olmos y en los jardines de infantes, un docente cada dos pibes”, señalan.

La reducción de agentes en esos servicios educativos ya está en marcha. “Vamos a dejar a dos maestros por curso y un director y un subdirector por jardín. Un personal de mantenimiento, un preceptor, un portero y un ayudante de cocina”, anticipan en la Auditoría. “Van a quedar 90 personas y sobran 64. La mayoría es del escalafón general, de forma tal que deberían estar cuidando presos”, advierten los funcionarios.

TRASLADOS

La decisión de que este personal pase a cumplir funciones en las cárceles, está tomada. Los traslados se iniciarán por estos días. La polémica y los reclamos, están asegurados. En los corrillos del Servicio Penitenciario se asegura que muchos de estos traslados terminarán en renuncias. Creen que “muy pocos van a querer ir a las cárceles”.

“Es ridícula la cantidad de gente que había. Pero no vamos a cerrar ninguno de los cuatro establecimientos. Por el contrario, abriremos más en otros lugares de la Provincia, por ejemplo en Olmos o Florencio Varela, donde hacen falta”, prometen en la Auditoría.

El escaneo de las distintas reparticiones del Servicio Penitenciario encendió luces amarillas en la Jefatura de la fuerza donde se detectó que existen 2.500 empleados, un número considerado “excesivo” por los interventores civiles.

“Podría funcionar tranquilamente con no más de 1.000”, señalan los funcionarios, que prevén traslados. “Si son profesionales van a ir al área de Salud Penitenciaria, si son del escalafón general, a las cárceles”, anticipan.

“Una beca”. Así definen en la Auditoría el trabajo de numerosos profesionales del área de Salud Penitenciaria. “Muchos no van y otros no pueden hacerlo porque tienen otros trabajos”, añaden.

Médicos, abogados y psicólogos, entre otros, integran la larga lista de 2.057 agentes con que cuenta esa repartición.

Una anécdota que relatan en el ministerio de Justicia pintaría de cuerpo entero la falta de controles y los incumplimientos laborales.

Dicen que había un médico que hacía un año que estaba con carpeta en el Servicio Penitenciario, pero que al mismo tiempo trabajaba en la actividad privada y hasta daba clases en la prestigiosa universidad de Harvard.

Quienes conocen este caso cuentan que un alto funcionario sacó turno simulando ser un paciente para detectar in situ que la licencia que el profesional tenía en su empleo público contrastaba con la labor que desempañaba en su consultorio. Cuando llegó el día, el funcionario se presentó y le notificó al médico quién era, junto con el correspondiente sumario que se le estaba iniciando.

En Salud Penitenciaria, como se dijo, hay 2.057 empleados y se gastan en sueldos, 650 millones de pesos anuales. Un monto similar al que recibe la Provincia en concepto del fondo nacional para reparar la postergación que sufre el Conurbano.

“Como contrapartida, tenemos las unidades casi sin prestación médica. Hay 517 médicos, 228 odontólogos. 300 enfermeros y más de 1.000 administrativos. Del total de odontólogos, 200 son de La Plata. No sólo muchos de ellos no iban a las cárceles del Interior o el Conurbano. Ni siquiera iban a las de La Plata”, afirman en la Auditoría

“Con 385 médicos tendríamos que tener cubierta la guardia los 7 días las 24 horas”, señalan.

También se registraba un exceso de empleados en la Dirección de Acción Social. Había 325 agentes, pero hoy quedaron 150 y el resto fue a cumplir funciones a las unidades penitenciarias.

HORAS EXTRAS

Otra de las medidas adoptadas apuntó al pago “indiscriminado” de horas extras y viáticos. “Se distribuían sin criterio entre todas las direcciones. Ahora se las sacó a los administrativos y sólo se paga al personal que está en contacto con detenidos”, afirman los funcionarios. Y agregan: “Es un criterio de justicia y un incentivo para aquellos que quieran ir a cumplir funciones a los penales”.

Los empleados administrativos dejaron de cobrar horas extras y ahora sólo se pagan al personal que está en las cárceles en contacto con los detenidos

Las horas extras funcionan como un plus salarial en el SPB y representan unos 16 millones de pesos por mes. “El que realizaba trabajos administrativos recibía lo mismo que el que era guardiacárcel. Y el único riesgo del administrativo es quedarse sin tonner en la impresora”, justifican.

Otra cuestión que causó sorpresa, como se dijo, es la situación del escalafón profesional. “Encontramos situaciones insólitas. Hay hasta un decorador de interiores, 300 abogados, un antropólogo, tres chefs internacionales, 7 cocineros profesionales y hasta técnico en turismo y en diseño gráfico”, subrayan en la Auditoría.

Varios de ellos serán trasladados a los penales. “Vamos a aplicar la ley de emergencia que nos permite cambiarlos de escalafón”, anticipan.

En el Servicio Penitenciario aseguran que todas estas medidas apuntan a “optimizar los recursos económicos y humanos” con que cuenta la fuerza.

“Gastamos el 90% de nuestro presupuesto en sueldos”, argumentan. El total de erogaciones que se autorizó para 2017 es de 11 mil millones, de los cuales sólo mil millones quedan para hacer obras.

Oficialmente se admite que sobran administrativos y profesionales pero faltan guardiacárles. En el ministerio de Justicia están esperanzados en que con todas estas medidas se van a generar cupos para poder incorporar efectivos con otro criterio de formación y más profesionales.