Intolerables agresiones contra docentes de nuestra provincia

El ataque sufrido en estos días por una maestra de una escuela de El Talar, agredida físicamente y mediante amenazas por la madre de un alumno, luego de que la llamaran a su casa porque no había ido a retirarlo, debe ser analizado por las autoridades y el conjunto de la sociedad en el preocupante contexto de la creciente violencia que desatada contra los docentes provinciales.

En esta oportunidad las autoridades educativas exigieron que se aplique la pena de arresto para quienes agredan a docentes, prevista en una última reforma del Código de Faltas. En el mismo sentido se expresaron con posterioridad desde la comisión de Educación del Senado provincial y la municipalidad de Tigre, a la vez que esta última, además, concretó una presentación ante la justicia penal.

Cabe señalar que la reforma sancionada, incluida en el artículo 74 bis de la ley provincial 14.898, establece que los padres de los alumnos que agredan a docentes pueden ser pasibles de una pena de hasta 30 días, pudiéndose ampliar hasta 60 días si el hecho se realiza en presencia de los estudiantes

Como dato alentador derivado de este episodio, corresponde señalar la reacción inmedita de padres, docentes y alumnos de la escuela de Tigre, que se movilizaron para realizar un abrazo simbólico en apoyo de la docente atacada, en tanto que las maestras de ese establecimiento advirtieron que no es la primera ocasión en que sufrieron algún acto de violencia.

En realidad, importa menos precisar los detalles que desembocaron en el episodio ocurrido en la escuela de El Talar que cuestionar, a todo trance, una agresión de esta naturaleza que resulta injustificable bajo cualquier punto de vista. Cabría señalar que hace cuatro años, representantes de la Federación de Educadores Bonaerenses informaron que en la Provincia se estaba recibiendo casi una denuncia de agresiones por día.

Y desde luego que no ha pasado al olvido el caso del director de un colegio seriamente herido hace cinco años, a raíz del ataque recibido por parte de un alumno de tercer año del secundario y de la madre del joven. La situación alcanzó tal gravedad que derivó en la intervención de la Justicia penal y en un paro de actividades en repudio a la agresión, en una medida dispuesta por el sector docente y que afectó al conjunto del sistema educativo bonaerense.

Nuestra sociedad no puede permitir, en modo alguno, que no se valore y respete en forma absoluta a los docentes y, mucho menos, que sean víctimas eventuales de ataques físicos o amenazas. De allí que resulte imperativo que se apliquen las penas previstas a los infractores, que tendrán también un claro sentido ejemplificador.

Ya se ha dicho en forma reiterada que el problema reviste una extraordinaria complejidad y exige, además de los diagnósticos que puedan servir como puntos de partida, la adopción de una verdadera política de Estado que se ocupe de enfrentar los desafíos de educación, ofreciéndose desde allí la apoyatura y el respaldo imprescindibles a los docentes para que el sistema educativo vuelva ser lo que fue durante tantas décadas en nuestro país: un ámbito de excelencia formativa de los estudiantes.