Piden atar el aumento de la luz al porcentaje de suba salarial

La pulseada por la aplicación en la Provincia del aumento autorizado por el gobierno de María Eugenia Vidal en la tarifa del servicio eléctrico tuvo ayer un nuevo capítulo, con una instancia de mediación convocada por la Justicia. Allí, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense pidieron al Ejecutivo que las subas, hoy frenadas por una medida cautelar, sean equivalentes a los porcentajes de incrementos salariales que se alcancen a nivel provincial, es decir, en torno al 18%.

La mesa de discusión sobre el ajuste en la tarifa de luz realizada ayer había sido convocada por el juez en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, Luis Arias, luego de ordenar que se suspenda la aplicación de la suba. De la audiencia participaron representantes del Ejecutivo, del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia (Oceba) y el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Fue Lorenzino quien impulsó la medida cautelar en contra del cuadro tarifario autorizado por Vidal, al argumentar que, según sus cálculos, las subas alcanzan el 100%, mientras que “la paritaria provincial es del 20%”.

Ese planteo fue aceptado en primera instancia por el juez Arias, quien ordenó suspender la aplicación del nuevo cuadro tarifario y dispuso que las distribuidoras Edelap, Eden, Edea y Edes y las casi 200 cooperativas eléctricas del interior bonaerense facturen nuevamente el servicio con los valores anteriores al aumento.

Asimismo, el magistrado planteó que las empresas no deben afectar la prestación de los beneficios de la tarifa social, el que se ofrece a los electrodependientes y a las entidades de bien público.

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Ayer, Lorenzino propuso al gobierno de Vidal que la nueva tarifa guarde relación directa con el promedio de los salarios del año anterior, que sea gradual y que se amplíe el consumo de energía para la tarifa social.

“La tarifa debe tener relación con el aumento de los salarios para que la gente la pueda pagar. No es mi función traer los números que deben poner sino apelar a la razonabilidad de las tarifas”, dijo Lorenzino.

Y reiteró la idea de la Defensoría en el sentido de que “los incrementos tienen que ser graduales, ya que no se puede pretender hacer pagar a los bonaerenses en 15 meses lo que no se hizo en años”.

Como última medida, el Defensor se refirió a la protección de los sectores más vulnerables y presentó la necesidad de ampliar “al doble el consumo que hoy tiene la tarifa social”.

Actualmente, el universo de los usuarios de la tarifa social en la Provincia según cifras oficiales llega a 417 mil usuarios.

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Ayer, tras la audiencia, fuentes del Ejecutivo provincial explicaron que las propuestas presentadas serán evaluadas por los técnicos del ministerio de Infraestructura antes de emitir una réplica oficial en el marco de la instancia de mediación convocada por la Justicia.

En el gobierno de Vidal no se descarta la posibilidad de que se contemplen algunas de las propuestas acercadas por la Defensoría. Pero negaron que haya una “negociación” en curso para rever el porcentaje de ajuste de la tarifa.

“Nosotros creemos que es la Justicia la que tiene que resolver en última instancia, porque el aumento se dispuso contemplando todos los pasos legales”, dijeron fuentes del Ejecutivo, en referencia a las dos audiencias que se realizaron en Olavarría y La Plata en diciembre del año pasado, antes de autorizar la suba.