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Por MARIANO SPEZZAPRIA
A Julio De Vido, el otrora poderoso ministro de Planificación de Cristina Kirchner, no le van a quitar los fueros de los que goza en su condición de diputado, por lo menos en lo inmediato. El juez que investiga los negociados en la mina de Río Turbio no lo considera necesario y entonces la Cámara baja no se los puede retirar. Pero su caso desató una controversia en clave de campaña electoral.
Con el kirchnerismo a la defensiva porque en el escenario post cierre de las listas de candidatos se impuso en la agenda política el debate sobre los altos niveles de corrupción que flagelaron al país en los últimos años, Cambiemos salió a ocupar el centro de la cancha con su discurso de “lucha contra las mafias”. Pero en el medio aparecieron Massa y Stolbizer con su renuncia a los fueros.
La estrategia de los candidatos a senadores nacionales del frente 1País parece clara: aprovechar las oportunidades que se les presenten para criticar al kirchnerismo y al oficialismo por igual, con el objetivo de captar votos peronistas no K y también aquellos que puedan estar desencantados de Cambiemos. En resumidas cuentas, hacer todo lo posible para evitar la famosa polarización.
Por eso Massa y Stolbizer jugaron al límite del reglamento: los fueros no son una atribución de los legisladores, sino del cuerpo que los contiene. De allí que un desafuero debe ser aprobado por al menos dos tercios de la Cámara de Diputados o el Senado, luego de que un juez lo pida en forma oficial. De otro modo, un magistrado podría cambiar una votación con una orden de arresto.
Pero más allá de la discusión técnica, Massa y Stolbizer buscaron tomar la iniciativa en un campo de acción que suele acaparar el oficialismo. De allí que Elisa Carrió arremetiera duramente contra la líder del GEN –que en algún momento fue su aliada política- tras la sesión en la que se aprobó la ley de Responsabilidad Empresaria. “Lilita” también anticipó que pedirá la expulsión de De Vido.
Sin embargo, hasta anoche no había formalizado el requerimiento ante las autoridades de la Cámara de Diputados. Aunque en el Congreso se especulaba con la posibilidad de que Carrió concrete el pedido la semana que viene, tras el pronunciamiento del juez federal Luis Rodríguez en sentido contrario al del fiscal Carlos Stornelli, que solicitó el desafuero y la detención de De Vido.
En forma paralela, diputados del PRO como su jefe de bloque, Nicolás Massot, insistirían con un proyecto para limitar los fueros parlamentarios, específicamente en cuanto a la inmunidad de arresto de los legisladores. Pero eso llevaría un tiempo y las distintas fuerzas políticas –salvo el kirchnerismo por cierto- están urgidas por dar señales anticorrupción de cara a las elecciones.
El propio Gobierno sostuvo ayer, por medio del ministro de Justicia, Germán Garavano, que puede existir una “causal” para que la Cámara de Diputados expulse a De Vido, ya que es investigado en “un cúmulo de causas procesales”. En tanto, sectores afines a Cambiemos están convocando a una marcha al Palacio de Justicia –sede de la Corte- para el 3 de agosto, 10 días antes de las PASO.
Con todo, la discusión sobre el alcance de los fueros parlamentarios y la eventual expulsión de De Vido de la Cámara baja se coló en la pre-campaña electoral. Pero esto no significa que el debate adquiera solamente ribetes oportunistas, puesto que el ex ministro K podría afrontar en el futuro una situación de estas características. Los tiempos judiciales y los políticos a veces no sincronizan.
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