Más reacciones de provincias ante el reclamo bonaerense por el Fondo del Conurbano

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, confirmó que la provincia responderá el viernes a la demanda de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, dijo que insistirá en que se exprese el Congreso y no la Corte de Justicia y adelantó que planteará “la inconstitucionalidad” de todas las asignaciones específicas del Impuesto a las Ganancias, entre las que se encuentra el fondo.

Entre Ríos es la primera provincia en contestar la demanda del gobierno de Buenos Aires por la actualización del denominado Fondo del Conurbano, congelado desde 1996 en un techo de 650 millones de pesos.

Luego de que Entre Ríos presente su defensa, deberá hacer lo propio el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, citado para este martes, en tanto que ya presentaron su descargo, Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán) y Carlos Verna (La Pampa).

Para el fiscal de Entre Ríos “las asignaciones especiales ya cumplieron su fin, son inconstitucionales por agotamiento del plazo, porque las asignaciones especiales no pueden durar para siempre, y una de las razones por las que carecen de legitimidad es que el plazo transcurrido ya las agotó”, dijo hoy a Radio de la Plaza al comentar los argumentos que esgrimirá la provincia el viernes en su defensa.

Admitió que el del conurbano “es el juicio más importante que le ha tocado afrontar a la provincia de Entre Ríos medido en pesos, porque son 3.500 millones de pesos para 2017, unos 4.100 previstos para el 2018 y el retroactivo sería de entre 15 mil y 18 mil millones de pesos que se reclaman a la provincia”.

MONTOS EN DISPUTA

Rodríguez Signes precisó que “hablamos de un juicio que debe comportar alrededor de 30 mil millones de pesos contando todo el periodo de tiempo que involucra”, sintetizó.

Para el fiscal, “es imposible resolver este tema sin afectar la competencia de las provincias y del Congreso de la Nación”, afirmó.

Consideró que “lo preocupante es que Buenos Aires no solamente plantea una medida cautelar, sino que insiste en ella y hay una presión bastante importante para que la Corte saque esa medida cautelar, lo que sería perjudicial”, explicitó.

Aseguró que “cualquier detracción que sufra la provincia de Entre Ríos por esta demanda, impacta en los gastos corrientes que son cinco rubros: remuneraciones, jubilaciones, gastos de funcionamiento, coparticipación a los municipios y servicios de la deuda”.

Y, sobre la posibilidad de hallar una solución política al tema, mencionó que “por ahora no hay reuniones entre el Estado nacional y los gobernadores”, y opinó que la Nación “está esperando que todas las provincias contesten y que la Corte dicte o no la cautelar, y luego de eso debe haber necesariamente un acuerdo”.