La Provincia cederá a empresas privadas la construcción de cárceles

José Maldonado 

jmaldonado@eldia.com

En la madrugada del viernes pasado, 26 presos que estaban alojados en apenas tres celdas de la Comisaría 3º de Merlo -uno de los distritos con más alta tasa delictiva del Conurbano- se amotinaron durante varias horas, en las que mantuvieron un rehén. La revuelta, que recién pudo ser controlada con la intervención del Grupo Halcón, volvió a poner al descubierto la crítica situación de superpoblación carcelaria en la Provincia.

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Con un déficit que según estimaciones oficiales es de diez mil plazas, y una población carcelaria que en el último año se disparó como nunca antes, el gobierno de María Eugenia Vidal tiene decidido avanzar con una particular política.

Para ampliar el número de plazas, cederá a empresas privadas la construcción de nuevas unidades carcelarias en territorio bonaerense, un modelo que se aplica con resultados dispares en varios países del mundo y que en la Provincia ya levanta polémica.

El proyecto cuenta, desde el año pasado, con amparo legal. En 2017, la Legislatura bonaerense adhirió a la ley nacional de contratos de participación público-privada. Es el marco normativo que impulsó el gobierno de Mauricio Macri para crear un régimen de contratación mixto entre el Estado y capitales privados “con el objetivo de desarrollar proyectos en diversas áreas”, como por ejemplo, la de infraestructura penitenciaria.

Según explicaron desde el Ejecutivo provincial, aunque todavía no se avanzó en la firma de contratos, hay varias empresas interesadas con las que se vienen manteniendo contactos.

“Hay grupos privados de origen españoles, mexicanos y una empresa china que se dedica a la fabricación de celulares que desde hace un tiempo llegó al país, que se presentaron ofreciéndonos la construcción de unidades”, confirmó a EL DIA el subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan Baric.

superpoblación y obras

Los números oficiales hablan por sí mismos. La provincia de Buenos Aires arranca 2018 con una población carcelaria que supera los 38 mil internos repartidos en 54 unidades penitenciarias y cinco alcaidías.

Según datos oficiales, la cantidad de plazas carcelarias en territorio bonaerense es de 28 mil, lo que significa un déficit de 10 mil plazas.

En las cinco alcaidías, el total de lugares es de 800, pero en este caso no hay sobrepoblación ya que cuentan con celdas individuales.

En comisarías, en tanto, estimaciones extraoficiales hablan de tres mil detenidos alojados que representan una de las caras más dramáticas del fenómeno, ya que la mayoría están en condiciones de hacinamiento que los defensores oficiales calificaron como “intolerables”. El año pasado, en Pergamino, siete detenidos, ninguno de ellos con condena firme de la Justicia, murieron asfixiados y carbonizados en un trágico incendio que destruyó la comisaría local.

En ese marco, la gobernadora Vidal puso en marcha dos obras financiadas, en parte, con fondos Nación, que aportó 500 millones de pesos. Se trata de la ampliación de las unidades de Lomas de Zamora y Campana, donde se vienen construyendo nuevos pabellones con capacidad para 216 y 324 internos, respectivamente.

Los trabajos están casi terminados y se inaugurarán antes de mitad de años, detallaron voceros del ministerio de Justicia provincial a este diario.

Con todo, las obras sólo aportan una solución menor al problema de fondo, que es el déficit de plazas en un escenario en el que la población carcelaria de la Provincia viene experimentando un crecimiento exponencial: 3.600 internos más en 2017, contra 1.200 en 2015 y 2016.

“Para solucionar el problema, necesitaríamos construir cinco unidades con capacidad para dos mil internos cada una”, reconoce Baric, responsable de Política Penitenciaria del gobierno de Vidal.

Pero las finanzas provinciales no parecen suficientes para encarar la construcción de nuevas cárceles. La última unidad que se inauguró en territorio bonaerense fue la de General Alvear, que se puso en funciones en 2001. De allí se fugaron, en los primeros días del gobierno de Vidal los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci. Pese a ese episodio, es considerada una unidad modelo.

“Tiene escuela, salón de usos múltiples, talleres, lugares de esparcimiento. Y 1.500 internos divididos en tres pabellones, un número muy bueno en términos de lo que significa el manejo de una unidad”, dice Baric.

mixto público y privada

Según estimaciones oficiales, una cárcel que aloje a 1.500 internos demandaría un desembolso de 1.800 millones de pesos, ya que se calcula entre 1.2 y 1.5 millones de pesos de inversión por cada interna.

La Provincia no incluyó en el Presupuesto 2018 fondos para este objetivo. En cambio, piensa avanzar con el esquema de Participación Público Privada para que se levanten nuevos penales.

La participación de capitales privados en la construcción de cárceles es un sistema que se aplica en diferentes países del mundo. En Estados Unidos, directamente se otorga a empresas no sólo la obra sino también la administración, el control de seguridad interno y la provisión de servicios.

En Francia también está vigente, aunque con un sistema mixto en el que la empresa construye la unidad y se reserva para sí la producción en talleres para internos. La firma automotriz Volvo, por caso, cuenta con un taller penitenciario en el que se ensamblan los sistema de seguridad eléctricos para las puertas de los automóviles, explica Baric.

Pero en la Provincia descartan de plano que se trate de un intento privatizador. “El Estado tiene que proveer seguridad y no puede cederle la tarea a un privado”, dice el funcionario. “Lo que sí se analiza es la posibilidad de que las empresas que construyan cárceles en la Provincia puedan ser, después, proveedoras de alguno de los servicios, como la comunicación o la comida”, afirma.

“No estará atado al número de presos”, aclaran.

El modelo sobre el que se avanzaría, dicen en el Gobierno, sería una suerte de leasing, en el que la Provincia pagaría en un plazo de veinte años.