Los tanteos políticos de Kicillof y el freno de la Casa Rosada a un pedido clave

Axel Kicillof sorprendió a los intendentes de la UCR con quienes se reunió en los últimos días. “Tenemos que armar algo juntos”, le lanzó a una veintena de alcaldes que intuyeron que se trataba de una aproximación para un eventual entendimiento de cara a 2025 para enfrentar al gobierno libertario. Escucharon respetuosos un largo discurso hasta que uno de ellos tomó el micrófono: “Gobernador, vinimos para otra cosa”.

Los jefes distritales del radicalismo sufren la motosierra de Javier Milei tanto como Kicillof. Pero el encuentro que habían gestionado en la Gobernación apuntaba no tanto a ensayar alquimias electorales sino a encontrar soluciones para llevar adelante sus administraciones en épocas de vacas flacas.

El dato político contribuye, acaso, para desentrañar parte del pensamiento del Gobernador en relación a su futuro político. Siempre se sintió mucho más cómodo dialogando con los radicales que con el PRO cuando aún latía el corazón de Juntos por el Cambio. “Ustedes son nacionales y populares como nosotros”, le lanzó más de una vez a interlocutores del partido centenario.

Kicillof evita hablar de la cuestión electoral y más aún de su proyección nacional. ¿Soñará con una oferta amplia antilibertaria que incluya al radicalismo, al menos el bonaerense? Por lo pronto, en lo gestual, su gobierno parece atento a los pedidos de sus intendentes.

Vuelto a la difícil coyuntura, el Gobernador lanzó en esa reunión, acaso, otro dato de altísima incidencia sobre las finanzas de la Provincia que excede el recorte de los fondos no automáticos que dispuso la administración de Milei: les dijo a los jefes territoriales de la UCR que está encontrando dificultades para le autoricen los pedidos que le está haciendo a la Casa Rosada para que le permitan salir a tomar deuda.

Previendo un escenario político y económico complejo tras el cambio de gobierno, en diciembre Kicillof logró que la Legislatura le vote un permiso para contraer deuda en pesos, hasta el equivalente a 2.800 millones de dólares. Se trata de un endeudamiento 17 veces superior al de 2023.

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Sobre este tema reina un enorme hermetismo. No se ha trascendido cuál es el monto del pedido a la Nación ni el objetivo. Si es para hacer obras, para emitir bonos o para roll over (tomar deuda para cancelar obligaciones anteriores). Sí se conoce que el Ejecutivo provincial presentó documentación para que ese trámite prospere, por ahora, sin resultados.

Esa situación agrava el ya delicado cuadro de situación financiero de la Provincia. En sectores de la oposición aseguran que el ejercicio 2023 cerró con un déficit equivalente a dos masas salariales. Y añaden que habría que sumar otras dos por el recorte nacional de cerca de 700 mil millones de pesos.

En ese contexto, Kicillof buscará redondear una oferta de aumento salarial a los empleados públicos para aplicar con los sueldos de marzo. Ya desde el ministerio de Economía se anticipó a los gremios que quizás quede por debajo de la inflación. En medio de todos los pesares, la gestión bonaerense encontró un alivio indirecto: la inflación informada por el INDEC fue del 11 por ciento, inferior a la que se proyectaba. Habrá más margen para, paradójicamente, ensayar una propuesta de aumento no tan lejana al costo de vida.

En forma paralela se empiezan a cocinar otras cuestiones de peso institucional. Acaso la más relevante sea la que tiene que ver con la cobertura de las cuatro vacantes en la Suprema Corte. En derredor de ese trámite que involucra a oficialismo y oposición circulan versiones de todo tipo. Algunas, incluso, con impacto a dos bandas.

Kicillof debe anudar con la oposición acuerdos para al menos cubrir dos vacantes. Y a ese movimiento se le añadiría el cargo de Subprocurador. Alrededor de la premisa de que una de esos espacios se ofrecería a la oposición, existe una extensa danza de nombres.

Los radicales cantaron primera y anotaron varios candidatos: Miguel Piedecasas (actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación), Carlos Balbín (ex Procurador durante la gestión de Mauricio Macri) y el platense y actual decano de la Facultad de Derecho de La Plata, Miguel Berri.

El PRO también presiona. Desde hace tiempo tenía anotado un nombre: el del camarista platense Andrés Soto. En diversos corrillos partidarios se asegura que era promovido por Julio Garro, cuando todavía estaba a cargo de la Municipalidad de La Plata. Pero los vientos cambiaron. “Garro cometió un error garrafal: perder”, decían en algunos ámbitos con alguna dosis de ironía como para señalar que la candidatura de Soto, acaso, haya perdido impulso.

Hay otro nombre en danza que promovería la ministra Patricia Bullrich: el del ex fiscal platense Marcelo Romero. Sos dos alternativas que no corren solas: Jorge Macri nunca dejó de intentar contar con influencia en la Provincia y buscaría imponer a Sergio Iacovino o al ex legislador Mauricio Viani.

En algunas cocinas políticas se habla del nombre de Julio Conte Grand. Durante largo tiempo fue la presa que nunca logró cazar el kirchnerismo, que siempre bregó por quedarse con la Procuración. Algunos imaginan que una salida “hacia arriba” del funcionario promovido durante el gobierno de María Eugenia Vidal podría generar esa anhelada vacante. Una especulación más en medio de la interminable lista de postulantes.