Un informe publicado en este diario sobre las dificultades y barreras cotidianas que deben superar las personas mayores de edad o los desiguales físicos, dejó a la vista una vez más la necesidad de bregar en la Ciudad por una mayor integración de quienes padecen disminuciones que les impiden transitar por las veredas, acceder a los servicios, realizar trámites, comunicarse y desarrollar una vida normal.
Desde caminar por veredas deterioradas y peligrosas, hasta enfrentar trámites digitalizados que, el lugar de simplificar complicaron aún más las gestiones, todo conspira para poner en serias dudas su autonomía como personas, su seguridad y su participación en la vida comunitaria.
Rampas deficientes, faltantes o tapadas por vehículos que estacionan frente a ellas; paradas de micro poco accesibles, ómnibus sin rampas de acceso, semáforos con tiempos insuficientes para cruzar la calle. Todo aumenta el riesgo de caídas y complica la movilidad.
Y a esos y otros obstáculos físicos se suma, en la actualidad, una nueva traba: la digital.
Cada vez más trámites, turnos y pagos se realizan online, dificultando de ese modo el acceso a servicios básicos por falta de conocimiento, temor a equivocarse y riesgos de estafas.
Asimismo los testimonios recibidos de vecinos aludieron a la desaparición de la telefonía fija, decidida por la empresa telefónica.
Especialistas recordaron que en muchas zonas las líneas dejaron de existir y las personas mayores, frente a esta situación, se vieron obligadas a recurrir al uso de los teléfonos celulares.
“Para alguien con dificultades visuales o auditivas, un teléfono fijo era más accesible. Ahora dependen de dispositivos que no saben usar”, resaltaron expertos consultados.
Se sabe que existen organismos públicos destinados a velar por los derechos de las personas que sufren disminuciones, sea en razón de su edad o de los males físicos que padecen.
Seguramente que allí existen instancias a las que pueden apelar las personas perjudicadas, sin perjuicio de las acciones de oficio que tales dependencias públicas deben impulsar.
Es cierto que en las últimas décadas –de la mano de campañas promovidas por distintos especialistas- se experimentaron avances importantes en lo que se refiere a una mayor atención hacia los desiguales físicos y a las personas que tienen una edad avanzada.
Sin embargo, es aún muy largo el camino que falta recorrer. Resulta necesario, entonces, insistir para que los organismos estatales cumplan con su obligación de despejar los obstáculos y barreras que persisten, para convertir a las ciudades en territorios amigables para todos.
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