En los dos últimos años las incautaciones de cocaína -especialmente en las fronteras críticas- se multiplicaron en Argentina revelando un avance del narcotráfico en el país. Ese dato se relaciona con distintos informes de que muchos de los delitos cometidos en nuestro país se relacionan con el consumo de drogas.
En cuanto a la mayor requisa de cocaína, el estudio elaborado la Fundación de Investigación e Inteligencia Financiera (FININT) informó que enero de 2024 y junio de 2026 las fuerzas federales argentinas secuestraron 14.946 kilos de esa droga, un volumen 508 por ciento superior al promedio anual de los cuatro años anteriores.
El trabajo analizó procedimientos con decomisos iguales o superiores a los 100 kilos de cocaína, realizados en territorio argentino o en pasos fronterizos. Se trata de 44 operativos que concentran alrededor del 85 por ciento de toda la droga secuestrada durante el período, lo que permite ver las principales rutas, modalidades de transporte y zonas de ingreso utilizadas por las organizaciones criminales en la actualidad.
Como muestra el informe -según el cual Argentina funciona cada vez más como un corredor de tránsito y distribución de cocaína- más del 80 por ciento de los cargamentos relevados tuvo origen en Bolivia y la mayor concentración de procedimientos se registró en el corredor de la Ruta Nacional 34, que conecta los pasos fronterizos del norte con Rosario y, posteriormente, con el área metropolitana de Buenos Aires a través de la Ruta Nacional 9.
En lo concerniente a la Argentina se ha señalado de manera insistente que la droga ha llegado a nuestro país para quedarse, apuntalada ahora por la presencia de peligrosos carteles y de grupos mafiosos en distintas jurisdicciones, empezando por las de Rosario y del Gran Buenos Aires, aunque también están fijando presencia en nuestra zona.
La incidencia de este fenómeno sobre la inseguridad reinante, que acosa en forma cotidiana a la población, así como la gravedad del problema obligan, por lo pronto, a ponderar la decisiva importancia que debe tener el Estado, como investigador y represor principal de las organizaciones del narcotráfico que se ha instalado con fuerza y que cuenta con centrales internacionales de apoyo.
De sobra se conoce que los narcotraficantes exponen, en forma cotidiana, la millonaria y delictiva trama de negocios y vínculos políticos que los respalda, en un proceso que encuentra a muchos organismos legislativos, de seguridad y judiciales de nuestro país, desde hace tiempo, distraídos p en clara desventaja de recursos frente a esas organizaciones criminales.
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