Analía Celis tiene 34 años y vive con discapacidad intelectual y parálisis cerebral, lo que le impide caminar, pero la terapia deportiva le alivió la tensión muscular. No puede trabajar, pero hornear le dio una sensación de independencia. Le cuesta hablar, pero pintar con sus pares la ayudó a conectarse sin palabras. Ahora, el presidente argentino Javier Milei ha aplicado su emblemática motosierra a estos programas de terapia especializada que, durante décadas, han representado un salvavidas para Celis, y para muchos de los aproximadamente 5 millones de argentinos con discapacidad.
En los últimos meses, el gobierno libertario ha congelado los pagos a organizaciones que brindan servicios terapéuticos y educativos a personas con discapacidad. Los participantes han sido privados de rutinas cuidadosamente diseñadas, sostienen sus defensores y familiares, y se han desmantelado elementos de una red de contención social que antes se consideraba sólida según los estándares regionales. “Nunca nos hubiéramos imaginado llegar a este punto, tener que vender un vehículo porque no tenemos plata para pagar los servicios o para pagar la alimentación”, afirmó Martín Lucero, representante legal de Andar, una organización sin fines de lucro que gestiona un centro de atención diurna para personas con discapacidad en las afueras de Buenos Aires.
Andar ha quedado tan asfixiada que dejó de ofrecer hace dos meses los traslados en autobús de ida y vuelta al centro, dejando varadas a Celis y a decenas de personas más en del extenso suburbio bonaerense de Moreno, que dependían de su transporte gratuito y adaptado para poder asistir. “La solución nunca puede ser cortarle a una persona con discapacidad su servicio terapéutico… el espacio que necesita para su desarrollo”, señaló Lucero. “Es una decisión política”.
RECORTES EN NOMBRE DE LA AUSTERIDAD
Desde que Milei asumió el cargo a fines de 2023, su agenda de austeridad lo ha convertido en un ícono del rechazo conservador global contra el orden establecido liberal. Al igual que sus aliados en el gobierno del presidente Donald Trump, su administración ha presentado los recortes a los programas de discapacidad como parte de un proceso de reforma destinado a eliminar el fraude y el despilfarro en la burocracia federal, se defienden.
Los prestadores de atención a la discapacidad en Argentina, incluidos centros de atención diurna como Andar, pero también programas residenciales, de educación especial y capacitación laboral y en habilidades, operan con ingresos que reciben a través de la facturación a programas de seguros administrados por el Estado.
Las deudas de estas organizaciones sin fines de lucro han ido en aumento debido a que los pagos del gobierno han sido irregulares y a que las tasas de reintegro se han mantenido por debajo de la inflación. Sin embargo, afirman que la situación empeoró hace seis meses, cuando el flujo de dinero se detuvo por completo.
Para reducir costos, han recortado cada vez más personal, demorado salarios, reducido las comidas y acortado sus horarios. No existe un recuento oficial de cuántos centros terapéuticos se han visto obligados a cerrar, pero grupos defensores de los derechos de las personas con discapacidad calculan que hasta 50 de ellos han bajado la persiana este año, muchos en provincias rurales.
“Le diría (al presidente) que nos mire a nosotros, que nos mire, que nos vea, que venga acá”, dijo Roman Pontecorvo, de 28 años, con discapacidad intelectual, que descubrió su pasión por la actuación en Andar. “Si cierran (Andar), muchas familias quedarían afuera. Muchos de nosotros quedaríamos sin nada. Sería un caos. Un caos total”.
Andar indica que alrededor del 30% de las 150 personas con discapacidad inscritas en su programa diurno ya no pueden llegar al centro, una apacible extensión de terreno con una cancha de fútbol, huerta y una cocina de nivel profesional donde los participantes pueden ganar un salario mensual trabajando para su servicio de catering.
Sin actividades, dicen los terapeutas, las personas con discapacidad pueden retroceder rápidamente.
Hay una solución simple, dicen los defensores de derechos: implementar una ley aprobada el año pasado que declaró un estado de emergencia para las personas con discapacidad. También aumenta prestaciones que han perdido el 30% de su valor por la inflación y garantiza financiamiento para los prestadores de servicios al menos hasta diciembre de 2026.
Pero Milei ha demorado la entrada en vigor de la ley, argumentando que su impacto fiscal —aproximadamente el 0,35% del producto interno bruto— socavaría su superávit presupuestario, logrado con gran esfuerzo, el primero de Argentina tras décadas de déficit. “Usando causas nobles promulgan leyes que llevan a la quiebra a la Nación”, dijo Milei después de vetar la ley el año pasado.
El Congreso anuló su veto. Actualmente se desarrollan batallas judiciales por la asignación de fondos.
En una decisión contundente, un juez federal le dio al gobierno 72 horas para restablecer los pagos congelados a los prestadores de servicios en cumplimiento de la ley el 18 de mayo, escribiendo que, para las personas con discapacidad, “La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo”. El gobierno apeló.
Mientras tanto, Milei ha presentado un proyecto de ley que desmantelaría formalmente el sistema actual de pagos estatales a centros terapéuticos, otorgando a aseguradoras privadas y a los gobiernos provinciales la facultad de negociar sus propias tarifas con los prestadores de servicios.
(*) Columnista de la agencia AP
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