Hay una vasta literatura política sobre el fracaso del mercado laboral argentino en los últimos 15 años para crear empleos “de calidad” con salarios acordes. Hay mucho menos escrito sobre el fracaso en los últimos 80 años, y nos proponemos aquí recordarlo, dado que el huevo de la serpiente se encuentra lejos y hace tiempo, y durante casi un siglo no hubo parches suficientes como para resolver los problemas estructurales.
Vayamos de aquí para atrás, en un rápido viaje. Los números de los últimos dos años en materia de empleo formal son malos: tomado el último dato ajustado por estacionalidad, la pérdida de empleos asalariados privados es de 3% (193 mil puestos), cayó 4% el empleo en servicio doméstico, el de autónomos casi no se movió, el de monotributistas creció 7.4% (unos 151 mil), y cayeron el empleo público (el equivalente ajustado de unos 87 mil puestos) y el empleo en monotributo “social” en casi 390 mil puestos (61%).
Con la excepcionalidad de la baja de monotributistas “sociales”, una categoría claramente en el borde de la informalidad, y del empleo público, el comportamiento del resto del empleo formal no puede sorprender tras el receso que venía de 2023 y sumo al 2024, y los cambios de régimen macro y microeconómico que estamos experimentando.
En cuanto a comparaciones con el pasado reciente, sabemos, por una parte, que el crecimiento del empleo público muy por encima de la población encubría desempleo, y que ello tarde o temprano debía corregirse. Por tanto, no sorprende la caída de 2.5% del empleo público. Probablemente, el margen para restructurar es allí todavía muy significativo en los gobiernos subnacionales, y deberíamos esperar una “serie larga” de estancamiento o caídas adicionales del empleo público.
El derrumbe del empleo de “monotributistas sociales” a fines de 2024 y comienzos de 2025 constituye, a su vez, un blanqueo de las relaciones laborales. En efecto, desde los años ‘90 los gobiernos que se sucedieron encontraron, como una manera de ocultar la informalidad, la creación de formas contractuales simplificadas con bajas cotizaciones, para que la estadística (y la “historia oficial”) consideren como empleo “formal” contrataciones de muy baja productividad que no permiten pagar los costos de una pensión mínima.
Ese esquema de “formalidad en el borde” permitió definir como formales una porción alta de la población que, de otra forma, habrían caído en su mayoría en la calificación de informales. Puesto en números, de los 23 millones de puestos de trabajo que computa INDEC en las cuentas de generación del ingreso, menos de la mitad son asalariados registrados.
Si para definir el universo de “formales” le sumamos los autónomos, y con datos más abiertos de las EPH tratamos de desentrañar los informales entre el resto de los trabajadores independientes, tendremos que poco más de 45% de los puestos de trabajo son de baja productividad (informales, en la definición de informalidad por productividad de la ocupación). De esos puestos, 55% son asalariados y 45% trabajadores independientes.
Contratos laborales
En épocas de cambio estructural (los 90) o de crisis macroeconómicas (las hay en abundancia en la historia argentina de las ultimas 10 décadas), el empleo formal cae, para recuperar algo o un poco más en el rebote posterior. Recordemos que la Argentina no registra 3 años seguidos de crecimiento desde 2008. En una economía volátil, los contratos laborales requieren flexibilidad; sin ella, las empresas pueden quebrar cuando el ciclo se da vuelta, a menos que contraten informalmente. Lo sabíamos en Convertibilidad porque no se podía devaluar, y lo sabemos hoy también cuando rige la restricción presupuestaria.
La “solución de informalidad” es el “equilibrio bajo” que encontraron desde hace décadas las empresas y trabajadores para moverse en un entorno volátil e incierto, así como las familias encontraron en el dólar el refugio a la inestabilidad monetaria.
La volatilidad macroeconómica no es una característica exclusiva de los últimos 15 o 20 años, sino que nos acompaña de lejos. Y la informalidad laboral también empezó a gestarse mucho tiempo atrás, aunque hoy alcance porcentajes más elevados que en el pasado.
A mediados de la década de 1940, frente a la caída de los recursos fiscales por la guerra desde 9.6% del PBI en 1935-39 a 7.6% del PBI en 1942-43, la solución que se encontró fue la de aumentar las alícuotas de aportes personales (de 5% a 8%) y las contribuciones patronales (de 8% a 12%) destinadas al sistema previsional. Como el aumento de recaudación no alcanzaba, se incrementó la base de aportantes al sistema: el numero de afiliados al sistema se multiplicó por once entre 1943 y 1955.
Como los nuevos afiliados tenían baja productividad, la recaudación no crecía proporcionalmente, así que siguieron aumentándose las alícuotas de contribución, pasándose del nivel original total en individuos y empresa de 13% hasta 1942 a 25% desde 1952 (casi 32% desde 1959).
Los mayores recursos se utilizaron básicamente para gasto corriente, pero más allá del quiebre de las cajas previsionales por el vaciamiento que llevaron a cabo las distintas Administraciones desde 1945 en adelante, un problema que legaron fue el de establecer una elevada cuña salarial (diferencia entre costos laborales en blanco y en negro) que desde el comienzo favorecía la evasión. La informalidad laboral, que ya existía en los años ’30, se instaló como una característica de sectores pequeños y medianos de la industria, el comercio y los servicios con la expansión de la segunda mitad de la década del ’40. El resto -la historia de desequilibrios y defaults que marcan la macroeconomía argentina- nos lleva directamente al presente.
Desandar el fracaso laboral de casi un siglo nos llevará tiempo, porque aun no hemos asimilado los errores cometidos durante tanto tiempo.
SUSCRIBITE a esta promo especial