No debiera ser necesario extenderse en argumentaciones para detallar los relevantes servicios que, en forma desinteresa y casi desde los tiempos de la fundación de la Ciudad, vienen prestando clubes de barrio, bibliotecas, comedores populares y otras entidades de bien público que funcionan en nuestra región.
Bien se conoce que, con el escaso aporte que brindan las cuotas y otras magras ayudas –y en oportunidades obligados a enfrentar las consecuencias de periódicas y profundas crisis económicas- estas entidades. Surgidas desde iniciativas vecinales y sostenidas con imaginación y con el esfuerzo solidario de la gente, nunca dejaron de brindar servicios sociales, educativos y recreativos en sus distintos vecindarios.
Es en ese contexto histórico que, por supuesto, se mantiene en la actualidad, que cobra interés un proyecto de ordenanza presentado ante el Concejo Deliberante local por el presidente de ese cuerpo que propone facilitar trámites y disponer algunas exenciones tributarias para este tipo de instituciones.
La iniciativa apunta también simplificar los requisitos administrativos para las asociaciones que, en no pocas oportunidades, no pudieron completar la totalidad de los requerimientos administrativos que se les exige, así como favorecer el eventual acceso a subsidios y a programas municipales.
Entre los principales cambios, el proyecto plantea extender de seis meses a dos años el plazo para que las instituciones puedan regularizar documentación pendiente. Además, elimina la obligación de presentar balances certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, uno de los requisitos que más dificultades generaba para las entidades de menor tamaño.
“Estas organizaciones cumplen un rol fundamental en los barrios, acompañando a vecinos y generando espacios de contención y participación. Nuestro objetivo es brindarles herramientas y facilitarles el camino para que puedan seguir desarrollando su tarea”, señaló el impulsor de la medida.
Se ha señalado muchas veces que las entidades barriales como las mencionadas ofrecen, entre otras prestaciones, talleres y actividades de tipo social que el Estado no despliega y que por ello merecen una especial consideración.
En la medida en que los concejales coincidan en que este proyecto no importe sentar una eventual desigualdad, sino que su propósito resulta coherente con el principio de la equidad, la función de estas entidades no sólo se verá más reconocida sino que cobrará mayor significado institucional.
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