La catástrofe hospitalaria tiene responsables

Oficialmente, se han declarado en estado de emergencia 53 de los 79 hospitales públicos de la Provincia.

Sin duda se trata de la medida más impactante para el área de Salud de los últimos años, ya que se anuncia con ella una inversión (gasto) de $ 18.000.000.000 (dieciocho mil millones) y la aclaración de que la totalidad de las obras puede estar concluida en no menos de “8 a 10 años”.

Merece todo esto no pocas reflexiones y muy diversas todas ellas. Quien conoce la estructura jurídica de nuestro país, Provincia y repartición (la de Salud) sabe que todo movimiento, novedad o hecho que modifique la estructura, procesos o resultados en la gestión debe ser notificada, denunciada y aclarada con beneficio de inventario ya sea en cualquiera de los recursos en que ocurra, es decir recursos físicos, humanos y económicos por sus responsables.

Existen reparticiones específicas para todo ello: Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia, Asesoría General de Gobierno, Dirección Provincial de Sumarios… No son las únicas, ya que ameritaría, en instancias posteriores, las intervenciones de la Justicia ordinaria y hasta la intervención de la Legislatura. No hay forma legal y/o legítima para escapar a tales controles que el Estado se autoimpone para hasta el más humilde de sus agentes, con medidas reguladas en las que se prevén cláusulas o penas que deben afrontar con “propio peculio”.

Los invito ahora a leer o releer la teoría de las ventanas rotas (broken Windows theory) y verán, así, que fenómenos como el que nos ocupa resultan ser causales y no casuales.

Todo agente provincial, dependiendo del grado de responsabilidad que le quepa, está obligado, antes de dejar su cargo o función (ya sea por cesantía, jubilación, ascenso u otra), a rendir cuentas por la integridad de las medidas que propiciare u omitiese ante la repartición que corresponda.

No es necesario documentar un enriquecimiento ilícito, estar imputado, revolear valijas en pseudo conventos o aparecer con estancias o inmuebles para encausar a un servidor público; basta con que entregue el bien en condiciones significativamente disminuidas en relación a como las recibiera para su custodia y administración.

Esta catástrofe hospitalaria no se gestó ni en 8 meses ni en 8 años…los responsables existen y se los conoce con nombre y apellido. Vayan a buscarlos! Pareciera que no saben, no quieren o no pueden hacerlo.

El cambio no sólo es volver a invertir en nuevos o remodelados hospitales sino también el formular los cargos sumariales o judiciales a quien los meritúe.

El Estado es muy generoso; sólo nos exige dos condiciones que no debieran ser negociables: idoneidad y honestidad.

Por ello reflexiono y sugiero: ya probamos con “amigos”. ¿No será hora de probar con idóneos honestos?

(*) Diplomado en Salud Pública. Ex Director Ejecutivo Hospital Especializado en Odontopediatría “A. Bollini”