La detección de 152 radares de velocidad en las rutas nacionales que operaban sin autorización para emitir infracciones en esas vías camineras, tras un relevamiento realizado durante enero pasado sobre más de 40 mil kilómetros por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), abre dudas una vez más sobre un sistema que viene originando interrogantes y objeciones desde hace por lo menos tres décadas.
Tal como publicó este diario, a partir del informe del organismo vial, el operativo se llevó adelante a través de 39 bases operativas distribuidas en el territorio argentino y permitió identificar múltiples irregularidades en el sistema de fiscalización electrónica de velocidad.
Sin perjuicio de que se adopten medidas tendientes a incrementar los niveles de seguridad en el tránsito, a mejorar el estado ruinoso de algunos caminos y a que desciendan los índices de siniestralidad, corresponde prestarle atención –una vez más- al sistema de fotomultas estructurado mediante la instalación de cámaras destinadas a originar actas de infracción a los conductores que superen los límites de velocidad establecidos.
No se trata en modo alguno de cuestionar la presencia de controles para garantizar la seguridad en rutas y calles del país –algo que resulta imprescindible- sino de evitar toda sospecha en torno al sistema de fotomultas, que puedan hacer sido labradas a partir de radares colocados ilegalmente o, a veces, en forma arbitraria, de modo que finalmente actúen como verdaderos “cazabobos”.
En el área provincial se puede recordar el caso de carteles colocados por municipios en las rutas del verano, que marcan una velocidad máxima permitida de 100 km, seguidos a los pocos metros por señales que marcaban 60 ó 40 km de máxima, entre otras “picardías” que varias comunas realizaban o, acaso, pudieran seguir realizando.
El resultado de tales maniobras hizo que varias comunas recaudaran por año el equivalente al presupuesto anual de recursos votados por los concejos deliberantes.
El organismo vial nacional adelantó que, en caso de comprobarse que algunos dispositivos ya no funcionan o fueron trasladados sin autorización, avanzará con la baja de las habilitaciones correspondientes. Las primeras medidas ya comenzaron a aplicarse.
La ANSV inhabilitó seis radares fijos en Azul, provincia de Buenos Aires; un radar móvil en Exaltación de la Cruz; y otros cuatro radares móviles en Río Negro.
Se trata, en definitiva, de evitar arbitrariedades, como las que enfrentan numerosos conductores que, pese a poner su mejor voluntad y empeño para manejar con cuidado, puedan llegar a ser blanco de un verdadera cacería montada por organismos públicos que, lejos de propender a la seguridad vial, solo pretenden financiar sus estructuras administrativas a costo de los bolsillos de la población.
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