Robo de cables, un delito sin freno y que jaquea a los servicios públicos

Una vez más el robo de cables de teléfono en La Plata sigue conspirando contra la prestación de uno de los servicios públicos esenciales. En esta oportunidad se habla de unos 7 mil usuarios de teléfonos y de Internet que permanecen incomunicados a partir de un delito de esas características. Debe reiterarse, entonces, la necesidad de que se adopten medidas eficaces para frenar esta modalidad delictiva que perjudica de una manera directa y grave la calidad de vida de la población.

Tal como informó ahora la empresa Teléfonica, como consecuencia de dos robos de cables ocurridos durante el fin de semana largo se encuentra parcialmente afectado el servicio de telefonía fija y banda ancha en nuestra ciudad. Según se detalló, el primero de los hechos delictivos se produjo en el camino Centenario entre las calles 509 y 510, sustrayéndose allí tres cables pertenecientes a la central Gonnet. La zona afectada por este episodio va de calle 1 a 135 y de avenida 520 a 508 e incluye las líneas con características 471 y 484.

En tanto que el segundo robo tuvo lugar en calle 41, entre 23 y 24. Allí se sustrajeron 133 metros de cable, pertenecientes a la Central San Martín, generando inconvenientes en la zona delimitada por calles 42 a 32 y diagonal 73 a 31. Las características con problemas son 414, 470 y 479.

Para frenar este creciente fenómeno, hace unos años el ómbudsman nacional recomendó que el ministerio de Economía incluya la exigencia de un certificado que acredite el origen de los desechos de cobre en el proceso de comercialización y exportación. Como se sabe, los delincuentes buscan extraer el cobre de los cables que roban y luego lo revenden en el mercado negro, habitualmente en chatarrerías donde se concretan las fundiciones. Por ese motivo, el ómbudsman propuso la creación de registro nacional de productores y exportadores de desechos de cobre que contemplara la exigencia, por parte del Estado, de un certificado de acreditación del origen no delictivo emitido por autoridad competente.

Lo cierto es que miles de vecinos de nuestra ciudad han sufrido el corte del suministro del teléfono y la luz por el robo de cables, en una situación que también se presenta en distintos puntos del país. En el caso particular de nuestra región, las empresas Edelap y Telefónica han producido informes indicativos de los serios perjuicios sufridos en sus respectivos tendidos, a partir de los robos registrados.

La realidad vino mostrando que la escalada delictiva, que pone en jaque a estos servicios públicos esenciales, no se ha detenido. Los relevamientos efectuados en los últimos años así lo vienen marcando. Inclusive, se ha señalado que estos delitos de robo -que hace más de una década eran propios de las zonas rurales- se están concretando también en el radio céntrico de las ciudades.

Tal como ahora quedó reflejado en las noticias policiales publicadas en este diario, se han venido sumando ejemplos de que el problema no se ha resuelto en la Región. Por eso es que debe insistirse en la necesidad de evaluar nuevas alternativas para frenar un delito que afecta -como se dijo- la prestación de servicios indispensables.