Tensión y disputas en una negociación central

Mail: jpicon@eldia.com

Cuando mañana los funcionarios del gobierno bonaerense y los representantes sindicales se sienten a la mesa de negociación, quedará exactamente un mes para el inicio de clases. Durante esas cuatro semanas se dará una puja salarial que promete alto voltaje y que pone entre algodones el comienzo normal del ciclo lectivo para casi 4,5 millones de alumnos en la Provincia.

La negociación paritaria entre los sindicatos docentes y el gobierno de María Eugenia Vidal tendrá ribetes inéditos. Por primera vez en varios años, no habrá una referencia nacional a la qué atenerse. La administración de Mauricio Macri decidió eliminar la paritaria nacional que oficiaba de parámetro para la discusión posterior en cada provincia.

En la Casa Rosada resolvieron que cada administración provincial negocie por las suyas con sus propios sindicatos docentes. Cayeron en la cuenta de que el aumento que se fijaba anualmente a nivel nacional no oficiaba como un freno para los gremios, sino más bien como una plataforma de lanzamiento para ir por más.

Es lo que históricamente ocurrió en territorio bonaerense. El Frente Gremial Docente se las ha ingeniado para conseguir porcentajes superiores. Los sindicatos han comenzado a sentir la orfandad de ese paraguas. Sin paritaria nacional, organizaciones tradicionales como CTERA perderán poder e influencia.

A nadie en el mundo político y sindical sorprende que el primer planteo de los gremios sea volver a la existencia de aquella negociación. “No vamos a ceder”, anticipan en el Gobierno. “Esa paritaria nacional encarecía la negociación”, añaden.

Con todo, la Nación no será totalmente indiferente: no sólo presionará para que la pauta del 18% no se dispare, sino también tendrá que aportar recursos para solventar el Fondo de Incentivo Docente que en la Provincia representa casi el 10% del salario de los maestros.

No es el único punto de fricción entre el Frente Gremial Docente y el gobierno de Vidal. Un segundo punto complejo de la negociación que se avecina tiene que ver con los resabios de 2016. Los sindicatos presionan para recuperar lo que perdieron frente a la inflación. Sobre este punto tampoco hay acuerdo: los gremios hablan de entre 8 y 10 puntos y en la Provincia conceden, como mucho, un deterioro de no más de 1,5%.

Pero aún así, la intención oficial no es volver sobre sus pasos. La paritaria del año pasado que concluyó con una mejora del 34,6%, “está cerrada”, dicen en el oficialismo.

Ese escenario de tensión se potencia en función de los antecedentes de los cierres paritarios que Vidal logró abrochar con los gremios estatales. Con los sindicatos que agrupan al personal administrativo y no docente, el gobierno bonaerense acordó una pauta de aumento anual del 18% en cuatro cuotas, ajustables en función del índice inflacionario.

La mandataria consiguió que ese acuerdo fuera tomado como modelo por otras administraciones provinciales. Es lo que colegas de Vidal ofrecerán a sus empleados y lo que la propia Gobernadora le planteará mañana a los gremios docentes, con la doble excusa de que las finanzas bonaerenses no dan para más y que un incremento mayor presionaría sobre el incremento del costo de vida que la administración Macri procura mantener a raya.

El Frente Gremial ya le advirtió a Vidal que ni sueñe con que aceptará ese 18%. Sus pretensiones van bastante más lejos: varios dirigentes sindicales ya hablan de un 35%.

Esa pretensión se explica en dos planos: un 10% que, aseguran, perdieron el año pasado, más un 25% de 2017 ya que estiman que será ésa la inflación y no el 18% que proyecta el gobierno nacional.

Además, los docentes no quieren quedarse abajo de una pauta salarial anual del 22 ó el 23% que es, en definitiva, la que está previendo el propio gobierno nacional para las diversas ramas de la actividad privada.

La diferencia de números, de por sí por demás notoria, no surge como el único obstáculo en la negociación que se avecina con los maestros. Para la Provincia, será insoslayable la “contaminación política” de la paritaria. “Más aún en un año electoral”, anticipan.

Todas las miradas apuntan a Roberto Baradel, el líder del Suteba y dirigente cercano al kirchnerismo. “Roby” viene anticipando un escenario de negociación compleja producto de la colisión entre las pretensiones sindicales y la oferta que concretaría la Provincia.

En el gobierno bonaerense le agregan un poco de sal a ese discurso: anticipan que el dirigente docente buscará en la paritaria que despunta mostrar credenciales de cara a conseguir un rol de relevancia en la tan probable como polémica reunificación de la CTA, la central sindical hipercrítica al gobierno de Macri.

Desde hace semanas en la Provincia se viene hablando de declarar la “emergencia educativa” si no hay acuerdo con los gremios y se complica el inicio de las clases

La negociación con los maestros tiene todos los condimentos necesarios para transformarse en una pulseada intensa. Vidal ya resolvió que sus negociadores serán el titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, y sus pares de Economía y Trabajo, Hernán Lacunza y Marcelo Villegas, respectivamente.

Cada uno llevará un bandera. Lacunza, la de la oferta salarial. Villegas viene enarbolando la decisión oficial de no pagar los días no trabajados ante un eventual conflicto. El titular de Educación, cuentan, tendría en la manga una carta de peso por si acaso las medidas de fuerza se adueñan del desarrollo de la actividad escolar.

Nadie quiere, por ahora, soltar prenda. Pero en la Provincia se viene hablando desde hace semanas de declarar una suerte de “emergencia educativa” si los paros interrumpen el normal dictado de las clases. Sus alcances, por ahora, resultan un misterio. Tanto, como sus eventuales implicancias.

(*) Periodista de la sección Política