Un viejo diagnóstico para un mal recurrente

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Cerca de 6 mil efectivos de fuerzas federales desembarcarán en la Provincia en busca de mitigar el desgarrador flagelo de la inseguridad. Mientras tanto, el Ejecutivo bonaerense carga las tintas contra el Poder Judicial por el funcionamiento de la “puerta giratoria” que hace que muchos detenidos queden en libertad rápidamente, al tiempo que se queja por la falta de preparación y de una cantidad insuficiente de agentes en la Policía para dar respuesta al delito.

Las medidas y el diagnóstico no son nuevos. Por ese camino transitaron sin éxito, otras administraciones. El gobierno de María Eugenia Vidal vuelve sobre estos pasos apremiado por una realidad incontrastable: hay ciudades cercadas por una ola de robos y asesinatos y se multiplican los reclamos propios y ajenos para brindar alguna respuesta frente al justificado clamor ciudadano.

La propia mandataria escuchó esos planteos en reuniones con intendentes peronistas del Conurbano con los que mantiene un diálogo cordial. Pero a ese coro se sumaron jefes comunales de Cambiemos que padecen la misma situación. En Lanús gobierna el macrista Héctor Grindetti y su territorio es blanco permanente de un delito que no encuentra freno.

Estos alcaldes peronistas y del PRO conocen de memoria que la presencia en sus territorios de elementos de Prefectura, Gendarmería y Policías Federal y Aeroportuaria no ha sido la solución. Pero juzgan infinitamente peor la reticencia que había mostrado el área de Seguridad nacional en volverlos a hacer pisar la brasa caliente que supone la Provincia.

Esa situación disparó tensiones entre el ministerio que conduce Patricia Bullrich y la propia Vidal. El ministro de Seguridad Cristian Ritondo lo blanqueó hace algunas horas cuando admitió la existencia de miradas distintas sobre la inseguridad que muestra su peor cara en territorio bonaerense.

INSISTENCIA

La insistencia de la mandataria fue clave para que se precipitara la decisión de acelerar el desembarco de las fuerzas federales. También lo fue el diálogo que mantuvo con intendentes del PJ el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, quienes le habrían alertado sobre una situación desmadrada en algunos barrios de sus distritos.

Sobre esa decisión pesaron otras cuestiones. En la Casa Rosada se ha resuelto intentar una suerte de blindaje a Vidal, la figura del PRO que más simpatías recoge entre la ciudadanía y a quien necesita como el agua para procurar salir airoso en la contienda electoral bonaerense del año que viene.

El gobierno nacional puede aportar lo suyo con fondos adicionales y obras estructurales en la Provincia, pero si la seguridad no muestra síntomas de mejoría, más aún cuando esa problemática está al tope de las preocupaciones ciudadanas, la intención oficial de sortear con éxito los comicios de medio término puede transformarse en una quimera.

La Casa Rosada no está en condiciones de desentenderse de esa cuestión. Más aún, cuando el proceso de depuración de la Policía bonaerense que empuja Vidal se encuentra a cada paso con cuestiones que asocian a efectivos de la fuerza con el delito y la corrupción.

Ese intento de limpieza se encuentra con otros aspectos frente a los que el ministerio de Seguridad se exhibe impotente: hay casi 10 mil agentes de los 86 mil con que cuenta la fuerza, con carpetas médicas. El mismo cuadro describió hace tres años el ex ministro de Daniel Scioli, Alejandro Granados.

En la Provincia aseguran que en las tareas vinculadas a la prevención y represión del delito están afectados unos 51 mil policías, sin contar a los cerca de 15 efectivos de las fuerzas de seguridad locales a los que cuestionan el pobre entrenamiento que acarrean. Hay otros 10 mil agentes de la Bonaerense que realizan trabajos administrativos.

A esa cuenta “flaca”, dicen en el gobierno provincial, vienen a sumar las fuerzas federales. La cuestión ya no es sólo si contribuirán a reducir el delito. La pregunta que habría que hacerse es si serán, como otras tantas veces, aves de paso que migrarán apenas se acallen los sonidos de las urnas.

En forma paralela, empezará a desarrollarse en la Provincia un plan social que apunta a vender alimentos a precios bajos en diversos distritos del Conurbano. Serán una suerte de delegaciones del Mercado Central que funcionarán en comunas del Gran Buenos Aires, como respuesta a los índices de pobreza difundidos por el INDEC. Fue el ex gobernador Eduardo Duhalde quien llevó esa sugerencia hasta el gobierno nacional. Casualidad o no, conspicuos ex duhaldistas son activos partícipes de la conformación de la pata peronista de Cambiemos.

SEÑALES Y CONTACTOS

Tras el estallido post electoral, el peronismo-kirchnerismo empezó a dar algunas señales tendientes a encastrar las piezas que volaron por los aires tras su desalojo del poder.

Hay cuestiones insoslayables que acaso contribuyan a una mejor sintonía. Las dificultades que afronta el gobierno nacional empujan a hablar de unidad en el PJ. También se mezclan asuntos vinculados a la institucionalidad bonaerense: una de las principales, el debate del Presupuesto que enviará Vidal a la Legislatura esta semana.

Intendentes ultra K y dialoguistas, se mostraron junto a legisladores de La Cámpora y de diversos sectores del peronismo en busca de articular una estrategia común. La pelea será por garantizar más fondos para las comunas que gobierna el PJ y que esos recursos se coparticipen directamente para evitar discrecionalidades del Ejecutivo.

Hay otro debate en danza y que tiene que ver con las autoridades de la Cámara de Diputados. Los tres bloques en que está dividido el peronismo-kirchnerismo podrían articular una estrategia común, acordar con Cambiemos y llevarse la estratégica vicepresidencia primera. La tentación para el oficialismo es grande porque le permitiría deshacer el costoso cierre que mantiene con Sergio Massa. El problema es que el PRO tiene no pocas dudas de que esas fotos de unidad peronista que empezaron a aparecer sean sólo una flor de estación.

Por lo pronto, Massa mandó a su tropa a recorrer el territorio, en un repliegue táctico que dejará a la Legislatura “en estado de coma”, según grafican legisladores del Frente Renovador. El tigrense sabe que, tarde o temprano, habrá que llamarlo para hablar del Presupuesto.

(*) Periodista de la sección Política