Una propuesta en defensa de las víctimas

E l pasado 21 de septiembre la gobernadora María Eugenia Vidal presentó en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires dos proyectos de ley que pretenden empoderar a las víctimas del delito en los juicios dónde se investiga lo que ellas han sufrido. Uno de ellos introduce reformas al Código Procesal Penal y otro a la Ley de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Estas propuestas tienen por objeto principal constituir a las víctimas de los delitos como sujetos de derechos en el marco de los procesos penales, dotándolos de capacidad y herramientas que les permitan ser informados, ser escuchados y ser asistidos desde el Poder Judicial.

De este modo, previo a cualquier decisión judicial que afecte sus intereses como víctima, deberá ser partícipe necesaria y posteriormente notificada de lo que se resuelva. Se busca garantizarle entonces la más completa información del curso del proceso, ya que parte de la reparación integral y el acceso efectivo a la tutela de su interés se traduce en el derecho a una información clara del devenir judicial de un conflicto al que fue llamada involuntariamente.

LAS VICTIMAS Y SUS FAMILIARES

Pero previamente, se propone definir de manera amplia a la víctima, integrando no sólo a aquella persona que sufre directamente de los efectos del delito sino también a sus familiares directos, cuando el delito haya implicado la muerte o un daño tal que no le permita ejercer plenamente dichos derechos, y a las organizaciones de la sociedad civil, respecto de los delitos que afecten intereses colectivos o derechos de incidencia colectiva.

Hemos impulsado estas propuestas porque estamos convencidos de que debe equilibrarse un derecho penal que se ha construido a partir de ciertas premisas teóricas que han desplazado de la ley y del procedimiento penal a aquellos que sufren las consecuencias del delito.

En lo que respecta a la propuesta de reforma a la Ley de Ejecución Penal, la Provincia de Buenos Aires busca ponerse a la vanguardia a nivel nacional y regional, incluyendo los derechos de las víctimas en esta etapa del proceso.

Vale subrayarlo, con esta reforma, se le informará, escuchará y notificará a la víctima toda vez que la ejecución de la pena sufra cambios o se morigere por algún beneficio liberatorio.

De este modo, no habrá libertad condicional, libertad asistida, semi- detención, o cualquier otro tipo de morigeración de la pena, sin que la víctima haya sido partícipe antes de la decisión que se tome.

Con la propuesta de reforma de la Ley de Ejecución Penal, la Provincia de Buenos Aires busca ponerse a la vanguardia a nivel nacional

Por último, todos estos derechos se garantizan, independientemente de que la víctima tenga o no representación legal, ya que formarán parte del propio proceso penal y la ejecución de una eventual condena.

Todo ello se sustenta en la profunda convicción de que, para que exista una real tutela efectiva del acceso a justicia por parte de los ciudadanos de nuestra provincia, debemos avanzar en afinar nuestra legislación para volverla más justa.

El daño producido muchas veces por la falta de respuesta y la ausencia del Estado para la protección de aquellos que sufren las consecuencias de los crímenes implica una doble responsabilidad muy grave frente a la ciudadanía. Pues no sólo en esos casos se ha fracasado en evitar y prevenir que los delitos sucedan, sino que en general tampoco se logra reparar la vulneración realizada, procurando regenerar un orden social y jurídico violentado.

Y es entonces que consideramos una responsabilidad de todas las fuerzas políticas de la Provincia de Buenos Aires el comenzar a trabajar conjuntamente en la recreación de un estado de confianza entre el Estado y la ciudadanía.

Debemos avanzar ya, no podemos continuar esperando que las consecuencias de este quiebre se sigan manifestando día a día, profundizando la distancia entre las instituciones públicas y los ciudadanos.

Y no se trata esta vez de cuestiones ideológicas sino de incorporar sentido común al proceso penal, dándole a un partícipe que está en ese proceso sin haber requerido su voluntad las garantías y los derechos que le corresponden.

TIEMPO DE DEBATE

La Gobernadora María Eugenia Vidal decidió dar el primer paso al impulsar vehementemente una agenda política y una identidad público-jurídica que decide poner el foco particularmente en las víctimas del delito. Definió también a partir de las propuestas presentadas fijar la postura de su gobierno respecto de cuál considera debe ser una prioridad frente a la realidad de la Provincia de Buenos Aires.

Ahora es tiempo de que la Legislatura debata, fortalezca y finalmente sancione las leyes que necesitan cada uno de los vecinos de la Provincia para avanzar en la reconciliación de la sociedad con el ordenamiento jurídico-institucional.

Se lo debemos como funcionarios públicos y como representantes del pueblo a todas aquellas personas que han sufrido por la inexcusable ausencia de todo el Estado.

(*) Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires