La causa por el fentanilo contaminado que tramita ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, sumó nuevas evidencias sobre el rol de los organismos estatales encargados de controlar los medicamentos. Chats, informes y documentos incorporados al expediente muestran que funcionarios de la ANMAT y el INAME conocían las graves irregularidades detectadas en Laboratorios Ramallo antes de que se conocieran públicamente las muertes.
En noviembre de 2024, una inspección había detectado deficiencias críticas y recomendado impedir la producción. En enero de 2025, los inspectores volvieron a insistir con la necesidad de frenar la fabricación y retirar productos. Sin embargo, el laboratorio continuó elaborando medicamentos y el 30 de enero salieron al mercado unas 10.000 ampollas del lote 31.202, posteriormente vinculado con los fallecimientos.
La investigación también puso bajo la lupa las comunicaciones entre las ex titulares de ANMAT e INAME, Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, y Ariel García Furfaro, dueño del grupo farmacéutico. En uno de los chats, ante la discusión por retirar los productos, aparece una frase atribuida a Mantecón: “Es un montón de guita que está en la calle”.
El caso tomó dimensión nacional tras detectarse pacientes afectados, entre ellos en el Hospital Italiano de La Plata. Ahora la Justicia busca determinar qué sabían los funcionarios, y por qué demoraron las medidas para frenarlo.
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