La polémica que se había generado en torno a Mariano Hernán Cianis, el ex oficial de Policía condenado a 15 años de prisión por abusar sexualmente de la hija de su pareja, sumó en las últimas horas un giro clave. Fuentes oficiales confirmaron este martes que las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP resolvieron que el detenido ya no podrá ingresar a la casa de estudios para rendir exámenes presenciales, como había sido autorizado días atrás por una resolución judicial.
La decisión llegó luego del fuerte rechazo expresado por familiares de la víctima, estudiantes y distintos sectores de la comunidad universitaria, que habían convocado a una manifestación frente a la sede de 48 entre 6 y 7. Según señalaron fuentes consultadas por EL DIA, la decana y la vicedecana comunicaron que “este tipo no ingresaba más a la facultad”, desactivando así la posibilidad de que el condenado se presentara en el edificio académico bajo custodia penitenciaria.
El caso había generado una profunda indignación debido a que Cianis, condenado en 2019 por abusos cometidos durante más de una década contra una menor de edad, había obtenido una autorización para salir de la Unidad N° 1 de Olmos con fines educativos. La controversia se intensificó además por una reciente denuncia de la familia de la víctima, que lo acusó de haber enviado mensajes desde prisión para intentar contactarla y pedirle perdón.
En ese contexto, también quedaron bajo la lupa los criterios adoptados para conceder el beneficio. Fuentes vinculadas al caso cuestionaron la resolución judicial y apuntaron contra el magistrado que la firmó, al señalar que se trata de una autoridad judicial que “tiene denuncias de empleados por maltrato” y que atraviesa desde hace tiempo distintos cuestionamientos institucionales. Mientras tanto, la situación volvió a reabrir el debate sobre los alcances de los beneficios penitenciarios para condenados por delitos de extrema gravedad.
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