El fútbol argentino atraviesa un momento de creciente desconfianza alrededor del arbitraje. Las protestas de dirigentes, entrenadores y futbolistas se multiplican, mientras una sucesión de decisiones polémicas volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de la estructura que conduce a los jueces en el ámbito local.
El último episodio tuvo como protagonista a Juan Sebastián Verón, quien ingresó al campo de juego tras la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central y le gritó “ladrón” al árbitro Darío Herrera. El juez, mundialista, había quedado en el centro de las críticas por varias decisiones discutidas durante el encuentro. La escena se produjo además durante la premiación, cuando Claudio Tapia entregó las medallas a Herrera y sus asistentes y luego acompañó la consagración de Central. Los jugadores de Estudiantes respondieron con aplausos irónicos desde abajo del escenario.
Pero el episodio de la final fue apenas uno dentro de una cadena de reclamos que se extendió durante las últimas fechas. A fines de agosto, Nicolás Russo pidió la salida de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, luego de una jugada entre Leonel Flores y Sasha Marcich que no terminó con la expulsión del delantero de Boca. En otra jornada, Guillermo Barros Schelotto cuestionó la anulación de un gol de Vélez ante Riestra, una decisión tomada luego de una intervención del VAR.
Daniel Vila calificó de “bandidos” a Beligoy y Nicolás Ramírez por el arbitraje de River-Independiente Rivadavia, mientras que Julio Falcioni cuestionó una decisión de Andrés Gariano durante el partido entre Atlético Tucumán y River. Desde el propio River, su presidente Stefano Di Carlo reclamó públicamente que se estableciera “un límite” frente a lo que consideró una situación insostenible y el club presentó ante la AFA un documento crítico sobre la conducción del arbitraje.
El punto central de las sospechas, según nota que publica La Nación, no está solamente en los errores que se producen dentro de la cancha, sino en la estructura que administra el arbitraje. El texto reconstruye una cadena de cargos que tiene a Beligoy al frente de la Dirección Nacional de Arbitraje, a Gustavo Bassi en una posición equivalente dentro del Consejo Federal y, en la conducción de la AFA, a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
Beligoy ocupa la dirección del arbitraje desde 2018, cuando reemplazó a Horacio Elizondo. Antes había sido árbitro y, desde 2013, también ejerce como secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros. Esa doble función aparece como uno de los principales puntos cuestionados: por un lado participa de la conducción del arbitraje; por otro, representa gremialmente a buena parte de los árbitros que dependen de ese sistema.
Según el material, Beligoy y Tapia mantienen vínculos desde la época en que el actual presidente de la AFA dirigía Barracas Central. En 2019, además, Beligoy fue reelegido al frente de la Asociación Argentina de Árbitros ya durante la gestión de Tapia. En 2025, ambos fueron designados por la FIFA para integrar distintas comisiones vinculadas con las reglas de juego y el arbitraje.
Otro punto que alimenta las dudas es el sistema de designaciones. Al asumir, Beligoy había anunciado que los árbitros volverían a ser elegidos mediante sorteo. Sin embargo, antes de la temporada 2019/20 las designaciones de la Superliga pasaron nuevamente a realizarse de manera directa. En 2021 los sorteos regresaron para todas las categorías y fueron transmitidos por las redes de la AFA, aunque el mecanismo volvió a abandonarse al año siguiente.
A la estructura de conducción se suma un entramado de instructores, asesores, exárbitros y responsables técnicos. Fernando Rapallini ocupa desde 2025 la gerencia técnica arbitral, mientras que otros exjueces tienen funciones de formación, evaluación y supervisión. Entre ellos aparecen los llamados quality managers, encargados de controlar el funcionamiento técnico del VAR y el cumplimiento de sus protocolos.
También aparecen vínculos familiares dentro del sistema. El material menciona a Julián Beligoy, hijo de Federico, que debutó en Primera B en 2025 y ya fue designado como cuarto árbitro en partidos de Primera durante 2026. También señala a Felipe Viola, hijo de Sergio Viola, y a Sebastián Habib, hijo de Marcelo Habib, dentro de diferentes funciones del arbitraje profesional. La existencia de estos vínculos no demuestra por sí misma irregularidades, pero forma parte de los elementos que alimentan las discusiones sobre los mecanismos de formación, promoción y designación.
El debate también alcanza a los clubes que son identificados dentro del ambiente como vinculados al poder. Barracas Central, Deportivo Riestra, Independiente Rivadavia y Central Córdoba aparecen mencionados en ese sentido, junto con Tigre e Instituto. El texto advierte que distintos dirigentes y protagonistas han cuestionado fallos en partidos de esos equipos, aunque una decisión arbitral polémica no constituye por sí sola una prueba de favoritismo deliberado.
Los números de las designaciones también forman parte de la discusión. Durante 2026, Nicolás Ramírez dirigió siete partidos de River, Nazareno Arasa seis de Boca y Andrés Merlos seis de Instituto. En el VAR, Lucas Novelli apareció en siete partidos de Boca y cinco de Rosario Central. El propio material aclara que la cantidad de partidos dirigidos por un mismo árbitro no implica, por sí sola, que haya favorecido o perjudicado a un equipo.
En el fútbol del interior, las sospechas apuntan hacia Gustavo Bassi, responsable del arbitraje del Consejo Federal. El material recuerda una denuncia realizada en 2011 por el árbitro Marcelo Arredondo, quien afirmó que Bassi le había sugerido favorecer a Juventud Unida de San Luis. También recupera declaraciones de Hugo Cordero, exárbitro internacional, quien sostuvo que las designaciones del Argentino A eran manejadas por Bassi. Se trata de acusaciones y testimonios que forman parte del debate sobre el sistema y que no equivalen, por sí mismos, a una comprobación judicial de manipulación de partidos.
Uno de los antecedentes más fuertes ocurrió en 2019, durante la final del Federal A entre Alvarado y San Jorge de Tucumán. El equipo tucumano protagonizó una protesta durante el partido y sus jugadores llegaron a sentarse en el campo en desacuerdo con las decisiones arbitrales. El episodio derivó en la renuncia de Antonio Read, entonces presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, quien habló de hechos que le provocaban “fatiga moral”.
El caso de Pablo Dóvalo también aparece dentro de esta discusión. El árbitro, cercano a la conducción de la AFA según el texto, es mencionado como posible sucesor de Beligoy. Desde 2019 dirigió 29 partidos de Barracas Central, con 14 triunfos, nueve empates y seis derrotas para el equipo. Uno de los encuentros más cuestionados fue el 2-2 ante Independiente de 2024, cuando Dóvalo no expulsó a Alexis Domínguez por una infracción sobre Iván Marcone y el delantero posteriormente convirtió un gol.
La discusión, entonces, excede el análisis de un penal, una expulsión o una intervención del VAR. Lo que aparece en el centro es la confianza en el sistema: quién designa a los árbitros, quién los evalúa, quién los forma, cómo se resuelven los conflictos y qué controles existen sobre quienes concentran esas funciones.
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