Universidad del Este
El dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires encendió una señal de alerta sobre el proceso de desinflación. En julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) registró una variación de 2,9% mensual, muy por encima de las expectativas del mercado y de las estimaciones de las principales consultoras, que se ubicaban en torno al 1,8% para el IPC nacional. Si bien el indicador porteño tiene características particulares, la magnitud de la diferencia obliga a preguntarse si la desaceleración de la inflación está encontrando límites.
La composición del índice resulta especialmente relevante. En julio, los servicios aumentaron 3,8%, mientras que los bienes lo hicieron apenas 1,4%. Esta divergencia muestra con claridad uno de los problemas que enfrenta actualmente el programa económico: el ancla cambiaria está siendo efectiva para contener el precio de los bienes transables, pero tiene una incidencia mucho menor sobre los servicios. La apreciación cambiaria puede abaratar relativamente los bienes importados y limitar la capacidad de las empresas de trasladar aumentos a precios, pero difícilmente pueda contener de la misma manera alquileres, educación, salud, gastronomía, servicios personales o determinados servicios regulados.
El resultado es una inflación cada vez más determinada por los componentes no transables. Esto tiene una importancia central porque, mientras los bienes pueden responder relativamente rápido a la estabilidad cambiaria, los servicios incorporan otros determinantes: salarios, alquileres, costos laborales, tarifas y condiciones de demanda. En consecuencia, una estrategia basada fundamentalmente en la estabilidad del tipo de cambio puede conseguir una fuerte desaceleración inicial, pero enfrenta mayores dificultades para llevar la inflación hacia niveles consistentemente bajos si estos componentes no acompañan.
La particularidad del IPC de CABA también debe ser considerada. La estructura de ponderaciones de la Ciudad le otorga una mayor participación a los servicios que el índice nacional, por lo que no resulta correcto extrapolar automáticamente el 2,9% al conjunto del país. Sin embargo, justamente por esta característica, el dato funciona como una señal temprana sobre una dimensión de la inflación que puede quedar parcialmente oculta en el índice nacional: la persistencia de los precios de los servicios.
A esto se suma el comportamiento de los precios estacionales, que en julio registraron un incremento cercano al 10%. El turismo tuvo un papel importante en este resultado, especialmente a través de los servicios vinculados a alojamiento, gastronomía y actividades recreativas. Se trata de un componente que puede revertirse parcialmente en los próximos meses, por lo que no debería interpretarse todo el aumento como una aceleración permanente de la inflación. Pero también muestra que, en determinados segmentos, la demanda todavía tiene capacidad para generar aumentos de precios.
El problema es que el Gobierno necesita que la inflación continúe descendiendo para poder recuperar el nivel de actividad. El esquema actual tiene poco margen para apoyarse en otros motores de corto plazo. Por un lado, la expansión del crédito enfrenta límites crecientes producto del aumento de la mora y del deterioro de la capacidad de pago de los hogares. Por otro, el espacio fiscal es estrecho. En junio de 2026, el superávit primario fue de apenas 0,6% del PIB, 0,3 puntos porcentuales por debajo del registrado en el mismo mes de 2025, lo que limita la posibilidad de utilizar una expansión significativa del gasto público como mecanismo de estímulo.
En este contexto, la desinflación adquiere una importancia que excede la estabilidad de precios. Una inflación persistentemente elevada mantiene deprimido el salario real, limita la recuperación del consumo y dificulta la planificación de empresas y hogares. Al mismo tiempo, si el Gobierno busca sostener la actividad exclusivamente mediante una mayor flexibilización monetaria o crediticia, puede encontrarse con el límite que impone la propia inflación.
El problema es que el Gobierno necesita que la inflación continúe descendiendo
El dato de CABA, por lo tanto, no implica necesariamente que el proceso de desinflación haya terminado ni que se haya iniciado una nueva aceleración generalizada. Pero sí muestra que el proceso enfrenta una dificultad concreta: la inflación de bienes parece estar mucho más contenida que la de servicios. La pregunta hacia adelante es si la estabilidad cambiaria podrá finalmente trasladarse a estos últimos componentes o si, por el contrario, la economía quedará atrapada en una inflación relativamente alta, aun con un dólar estable.
En definitiva, el desafío ya no consiste únicamente en evitar una nueva aceleración del IPC. Para que el programa económico pueda sostener una recuperación de la actividad, será necesario que la desaceleración deje de concentrarse exclusivamente en los bienes y alcance también a los servicios. De lo contrario, el ancla cambiaria puede terminar mostrando sus límites: contener una parte importante de los precios, pero no alcanzar para consolidar una desinflación generalizada.
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