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La presión impositiva sobre la actividad agrícola volvió a superar la mitad de la renta que genera el campo. El último Índice FADA ubicó en 58,2% la participación del Estado sobre la renta agrícola promedio. En términos concretos, por cada $100 que quedan después de descontar los costos necesarios para producir, $58,20 tienen como destino los impuestos nacionales, provinciales y municipales.
El dato representa una mejora frente a la medición de junio, cuando la participación tributaria había alcanzado el 61,9%. Sin embargo, la reducción no responde a una disminución general de los impuestos. El cambio estuvo más relacionado con una combinación de mejores precios para los granos y una baja en algunos costos relevantes para la producción, en particular el valor de la urea.
El índice de septiembre muestra que, de cada $100 de renta agrícola, $58,20 corresponden a impuestos, $27,30 al costo de la tierra y apenas $14,50 quedan como resultado económico para el productor.
La fotografía tampoco es uniforme entre los principales cultivos. En soja, la participación del Estado llega al 60,7% de la renta; en maíz alcanza el 53,8%; en trigo, el 55,5%, y en girasol, el 56,8%.
El resultado de septiembre marca una reducción de 3,7 puntos porcentuales respecto de junio, aunque mantiene la carga tributaria por encima del 50%. FADA mide este indicador de forma trimestral y toma como referencia la participación de los impuestos sobre la renta agrícola, una vez descontados los costos de producción.
Un alivio que llegó por los precios y los costos
La mejora del indicador se explica, en buena medida, por el comportamiento de los mercados de granos y por una reducción en el precio de uno de los principales fertilizantes utilizados en la producción.
Para la medición de septiembre, FADA tomó valores de alrededor de U$S371 por tonelada para la soja, U$S237 para el trigo y U$S195 para el maíz. La recuperación de las cotizaciones permitió mejorar la relación entre los ingresos de la producción y algunos de los costos que debe afrontar el productor.
A ese factor se sumó la caída de la urea. El precio promedio utilizado por FADA pasó de U$S730 por tonelada en junio a U$S570 en septiembre. La diferencia tuvo un efecto relevante sobre la estructura de costos de los cultivos.
Una forma de observar ese cambio es a través de la relación insumo-producto. En junio, para adquirir una tonelada de urea eran necesarias cuatro toneladas de maíz. En septiembre, la cantidad se redujo a 2,9 toneladas. En el caso del trigo, la relación pasó de 3,4 a 2,4 toneladas.
“La relación insumo-producto muestra cuánto esfuerzo necesita hacer el productor para comprar un insumo. Hoy, tanto para maíz como para trigo, se necesitan menos toneladas de grano que en junio para comprar una tonelada de urea”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, a este diario.
El cambio también permitió una mejora en la ecuación del trigo. Según la medición, el cereal alcanzó un resultado positivo antes del pago de impuestos, algo que había mostrado mayores dificultades en relevamientos anteriores.
La baja del índice, por lo tanto, no significa que el peso tributario haya dejado de ser un problema para la actividad. La principal conclusión de FADA es que, pese a la mejora respecto de junio, los impuestos todavía absorben casi seis de cada diez pesos de la renta agrícola.
La Nación concentra más del 90% de la carga
El desglose de la estructura tributaria permite observar además dónde se concentra la mayor parte de los impuestos que inciden sobre la actividad.
Del total relevado por FADA, el 55,6% corresponde a tributos nacionales no coparticipables. Otro 35,7% corresponde a impuestos nacionales coparticipables. Los tributos provinciales explican el 7,8%, mientras que los municipales representan apenas el 0,9%.
De esta forma, los impuestos nacionales explican más del 90% de la carga tributaria que enfrenta la renta agrícola en el promedio de los cultivos analizados.
Entre los tributos nacionales no coparticipables aparecen las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos. Dentro de los coparticipables tienen un peso importante el impuesto a las Ganancias y los saldos técnicos de IVA.
FADA también destacó que la participación de los impuestos nacionales no coparticipables se encuentra en su nivel más bajo desde junio de 2019. A pesar de esa reducción, todavía representan más de la mitad del total de impuestos que recaen sobre la renta agrícola.
En este punto, las retenciones perdieron participación dentro de la estructura tributaria a partir de las reducciones aplicadas desde diciembre de 2023. En paralelo, ganaron peso relativo otros tributos asociados al resultado económico de las explotaciones, entre ellos el impuesto a las Ganancias.
Un año de cambios en el índice
La evolución de las mediciones anteriores permite poner el dato de septiembre en perspectiva. En diciembre de 2025, el Índice FADA había ubicado la participación de los impuestos en el 56,3% de la renta agrícola. En junio de este año, el indicador había subido hasta el 61,9%, con una mayor incidencia de los costos productivos, en particular de la urea y de los fletes.
Un año antes, en septiembre de 2025, FADA había utilizado una referencia similar para describir el peso de los impuestos sobre la producción: seis de cada diez pesos de la renta agrícola quedaban en manos del Estado. En aquella medición también había puesto el foco sobre el costo del transporte, con un impacto especialmente importante para las zonas alejadas de los puertos.
La trayectoria muestra que la participación tributaria se mantiene en niveles elevados, aunque con variaciones asociadas a los precios internacionales, los costos de los insumos, los rindes y las condiciones de cada región productiva.
La presión tributaria tampoco es igual en todas las zonas agrícolas. En septiembre, Buenos Aires registró una participación estatal del 56,1% de la renta, por debajo del promedio nacional de 58,2 por ciento.
Entre las restantes provincias relevadas, Entre Ríos presentó un 58,4%; Córdoba, 56,9%; San Luis, 55%; La Pampa, 54,7%, y Santa Fe, 53,9%.
Estas diferencias no implican necesariamente que los productores de una provincia paguen una cantidad mayor de impuestos en pesos que los de otra.
El índice combina diferentes variables para establecer cuánto representan los tributos sobre la renta: rindes, precios, costos de producción, fletes y estructura impositiva.
Por ese motivo, un mismo impuesto puede tener una incidencia distinta según la zona donde se produce. También influyen las distancias hasta los puertos y los mercados, la productividad de cada región y los costos propios de cada cultivo.
La participación de los municipios adquiere relevancia en un momento de discusión sobre las tasas que pagan los productores rurales, en particular las vinculadas con el mantenimiento de los caminos.
El Índice FADA ubica en 0,9% la participación de los tributos municipales dentro del total de impuestos que pesan sobre la renta agrícola. En ese grupo aparecen tasas relacionadas con servicios específicos, entre ellas la tasa vial.
El porcentaje es reducido frente al peso de los tributos nacionales, pero el tema generó reclamos en distintos distritos bonaerenses. Productores y entidades rurales cuestionan en algunos casos el monto de las tasas y, sobre todo, la calidad de las prestaciones asociadas a esos pagos. Los municipios, por su parte, sostienen que esos recursos forman parte del financiamiento de los servicios locales.
En localidades como Colón y Chivilcoy, la discusión ya forma parte de la agenda del sector, con reclamos por el estado de los caminos rurales y distintas propuestas para mejorar el uso de los recursos.
Así, aparecen dos debates diferentes. Por un lado, el peso global de la estructura tributaria sobre la producción agropecuaria, donde la Nación concentra la mayor parte de la carga. Por otro, la discusión sobre las tasas municipales y la relación entre lo que paga el productor y los servicios que recibe.
La mejora que registraron los precios de los granos y la baja de la urea no alcanzaron para compensar todos los componentes de la estructura de costos.
El transporte continúa entre los principales gastos de la producción agrícola y su incidencia aumenta a medida que crece la distancia entre los campos y los centros de comercialización o los puertos.
En el caso del maíz, el flete representa el 28% de los costos totales en el promedio nacional. En soja explica el 20%, mientras que en girasol llega al 13% y en trigo al 11%.
El impacto resulta todavía mayor en las provincias más alejadas de los puertos. En Córdoba, San Luis y La Pampa, alrededor de dos de cada diez camiones de maíz producidos equivalen al costo del transporte, una carga que reduce el resultado económico final de la actividad.
“Por eso, el precio del grano no es el único elemento que define la renta agrícola. También importan los costos de producción, la distancia a los mercados, los rindes y la estructura impositiva de cada territorio”, señaló Pisani Claro.
La medición de septiembre deja así una mejora frente al escenario de junio, pero no modifica el cuadro general que atraviesa la producción agrícola. Los impuestos absorben el 58,2% de la renta promedio, el costo de la tierra representa otro 27,3% y el productor obtiene un resultado económico equivalente al 14,5%.
La recuperación de los precios de los granos y la baja de la urea permitieron mejorar la ecuación productiva, pero el peso de los impuestos continúa por encima de la mitad de la renta agrícola. El nuevo informe de FADA vuelve a mostrar, de esta forma, que la rentabilidad del campo depende no sólo de las cotizaciones internacionales, sino también de los costos, los fletes, los rindes y la estructura tributaria de cada región.
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