El Gobierno logró una victoria parcial en el Senado con la aprobación del acuerdo para cancelar juicios pendientes vinculados al default de 2001. Aunque el monto representa una fracción mínima de la deuda pública, especialistas advierten sobre las señales que deja para futuras reestructuraciones y el impacto sobre la credibilidad financiera del país.
El oficialismo encontró un alivio en una jornada compleja para sus aspiraciones legislativas. El Senado aprobó el proyecto que habilita el pago de U$S 171 millones a dos fondos buitre que mantenían litigios contra la Argentina por bonos en default desde la crisis de 2001.
La iniciativa recibió 40 votos afirmativos y 22 negativos, estos últimos provenientes en su totalidad del bloque Justicialista. Sin embargo, el trámite parlamentario aún no concluyó, ya que el acuerdo deberá obtener el respaldo de la Cámara de Diputados para quedar definitivamente ratificado.
La negociación atravesó momentos de incertidumbre. El primer intento de tratamiento debió postergarse luego de que el fondo Attestor Value Master Fund LP informara que los títulos consignados en el anexo del proyecto no coincidían con los involucrados en el litigio judicial. El error obligó a introducir una adenda correctiva y a extender los plazos legislativos.
El acuerdo contempla el pago de U$S104 millones a Attestor, pese a que el reclamo original ascendía a U$S 266 millones. También incluye a Bainbridge Ltd, que percibirá U$S67 millones frente a una demanda que alcanzaba los U$S96 millones. En ambos casos, el Gobierno destacó que consiguió reducciones significativas respecto de los montos inicialmente reclamados.
“El pago llega en un momento donde cada dólar cuenta”, destacó el economista
La aprobación reavivó el debate sobre la conveniencia de cerrar litigios heredados frente al costo económico y político que implica utilizar divisas para resolver conflictos que se arrastran desde hace más de dos décadas.
RIESGOS
Para el economista Maximiliano Ramírez, socio director de la consultora Lambda, el análisis no debe centrarse exclusivamente en el monto involucrado. El economista sostuvo que “a primera vista parece un cierre técnico de baja escala”, pero aclaró que “lo relevante no es el monto sino el precedente”.
Desde su perspectiva, el acuerdo presenta ventajas concretas desde el punto de vista financiero. Ramírez afirmó que “el argumento a favor es difícil de objetar”, ya que permite cancelar litigios abiertos en tribunales de Nueva York y reducir riesgos de embargos sobre activos soberanos.
Según explicó, la Argentina “compra certidumbre jurídica a un costo relativamente acotado”, lo que ayuda a eliminar una fuente de incertidumbre que pesaba sobre la percepción de riesgo del país más que sobre las cuentas fiscales.
No obstante, el especialista advirtió sobre los incentivos que deja este tipo de resoluciones. “Este tipo de acuerdos consolida una señal que el mercado ya conoce demasiado bien: en el largo plazo, litigar contra la Argentina puede ser rentable”, señaló.
Ramírez remarcó que los acreedores que rechazaron los canjes de deuda y sostuvieron demandas durante años terminan obteniendo pagos relevantes, aun después de aceptar descuentos. En cambio, quienes participaron de las reestructuraciones asumieron pérdidas considerablemente mayores.
El economista también puso el foco en el contexto macroeconómico. “El pago llega en un momento donde cada dólar cuenta”, afirmó. A su entender, la discusión excede el plano jurídico y reputacional, ya que la utilización de reservas o recursos externos adquiere especial sensibilidad en una economía que todavía enfrenta restricciones para generar divisas.
Y consideró que resolver litigios pendientes puede favorecer el acceso al financiamiento y mejorar la relación con los mercados internacionales. Sin embargo, advirtió que “el costo de la normalización recae, otra vez, en un presente fiscal y cambiario frágil”. Ramírez reconoció que la intención oficial de cerrar definitivamente los capítulos abiertos del default tiene fundamentos atendibles. “Los montos son marginales frente al stock de deuda y eliminar litigios pendientes ayuda a ordenar la hoja de balance”, sostuvo.
Sin embargo, alertó que existe el riesgo de interpretar la resolución de estos juicios como una solución estructural. “La historia argentina muestra que los defaults no se repiten por juicios abiertos, sino por inconsistencias macroeconómicas que ningún acuerdo puntual puede corregir”, afirmó.
Por eso, concluyó que el pago resulta conveniente en el corto plazo porque reduce incertidumbre y evita contingencias futuras, aunque lo calificó como una medida “estratégicamente incompleta”. A su juicio, la discusión central no pasa por determinar si corresponde pagar o no, sino por establecer si esta decisión marca el cierre definitivo de una larga historia de litigios o si constituye apenas el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento y conflictos financieros.
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