Universidad del Este
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue presentado por el Gobierno nacional como una de las principales herramientas para atraer inversiones de largo plazo en sectores estratégicos. Su lógica es ofrecer estabilidad regulatoria, cambiaria y tributaria durante treinta años para proyectos de gran escala, especialmente vinculados a recursos naturales, energía e infraestructura. Al mismo tiempo, fue intensamente discutido debido a los onerosos beneficios que otorgaba a empresas de por sí rentables.
A más de un año de su puesta en marcha, el régimen comienza a mostrar resultados concretos. Según la información oficial, ya fueron aprobados 16 proyectos por una inversión en torno a los USD 30.000 millones y con una generación estimada de 52.000 puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto. Una cifra considerable, teniendo en cuenta que desde la asunción del Gobierno se han destruido 200 mil puestos privados registrados (además de 70 mil en el sector público).
Si analizamos los proyectos RIGI aprobados por sector, es claro el perfil que tiene el régimen, fuertemente orientado a la explotación de riquezas naturales. La minería lidera largamente el ranking, con 9 proyectos vigentes, seguido por petróleo y gas, que actualmente tiene 3 proyectos. Los demás 4 proyectos se distribuyen en energía (2), siderurgia (1) e infraestructura (la terminal portuaria Timbúes, en la hidrovía).
El liderazgo de minería y petróleo consolida una tendencia que ya se observa en otros indicadores de la economía argentina, donde el crecimiento de las exportaciones y de las inversiones se encuentra crecientemente asociado a la explotación de ventajas naturales con destino a la exportación. Esto aviva las controversias, ya que varios de los proyectos presentados ya habían sido anunciados en años anteriores, lo cual alimenta la idea de que las inversiones iban a suceder igualmente, sólo se redujo su costo, y en todo caso se adelantan en el tiempo.
A nivel provincial, el liderazgo corresponde a las provincias mineras. San Juan y Catamarca concentran tres proyectos aprobados cada una, aprovechando el fuerte interés internacional por el cobre y el litio. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes es el caso de la Provincia de Buenos Aires:
Durante el debate legislativo del RIGI, la administración bonaerense decidió no adherir al régimen. La discusión política giró principalmente en torno a la cláusula de estabilidad tributaria provincial y municipal, que limita la capacidad futura de modificar impuestos locales aplicables a los proyectos beneficiarios. Sin embargo, la experiencia observada hasta el momento muestra que la falta de adhesión no implica necesariamente quedar excluido de las inversiones. Buenos Aires ya cuenta con dos proyectos aprobados bajo el régimen, por una inversión total de USD 562 millones.
El primero corresponde al Proyecto Siderúrgico Argentino de Sidersa, destinado a ampliar la capacidad productiva de acero largo. Esto resulta interesante ya que se trata del único RIGI de carácter industrial. Se trata de la primera acería en construirse en Argentina desde más de medio siglo, y se denomina “acero verde”, debido a su producción basada en economía circular, con menores emisiones de CO2.
El segundo es el Parque Eólico Olavarría de Generación Eléctrica Argentina Renovable. El proyecto contempla la construcción de una estación transformadora y una línea de alta tensión, orientada a abastecer con energía renovable a las plantas de Acindar (que forma parte del proyecto asociada con PCR).
Esto ocurre porque los principales beneficios del RIGI —estabilidad normativa nacional, incentivos aduaneros, acceso al mercado cambiario y tratamiento fiscal específico— dependen de la legislación nacional y no de la adhesión provincial. La adhesión agrega compromisos para las jurisdicciones subnacionales, pero no constituye una condición indispensable para que un proyecto sea aprobado.
La administración bonaerense decidió no adherir al régimen que lanzó la Nación
No obstante, la escala de las inversiones bonaerenses sigue siendo reducida frente a otros distritos. Mientras Buenos Aires concentra apenas el 2% de la inversión aprobada, las provincias mineras y energéticas capturan la gran mayoría de los desembolsos proyectados. Esto refleja tanto la orientación sectorial del régimen como la localización geográfica de los recursos que hoy atraen capitales.
Para completar el panorama observamos los proyectos que permanecen en evaluación. Actualmente existen 25 iniciativas bajo análisis por una inversión estimada superior a USD 111.000 millones. De ellas, 12 corresponden a petróleo y gas, 11 a minería, una a infraestructura y una a energía.
La composición de esta cartera confirma que el RIGI se está transformando principalmente en una herramienta para acelerar inversiones asociadas a Vaca Muerta, litio, cobre y otros recursos extractivos. Desde el punto de vista macroeconómico, esto representa una oportunidad para incrementar exportaciones y generación de divisas. De hecho, el considerable superávit comercial del mes de mayo reflejó la robustez del sector energético, con exportaciones por 1.700 millones. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la diversificación productiva y la capacidad de estos proyectos para generar encadenamientos industriales de largo plazo.
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