La crisis que atraviesa la industria textil sumó un nuevo capítulo en Berazategui. Alter SAIC, una empresa dedicada a la fabricación de tejidos de punto y a servicios de tintorería industrial, volvió a recurrir a la Justicia para solicitar su concurso preventivo, después de que un primer pedido fuera rechazado por no completar en tiempo y forma los requisitos exigidos por el tribunal.
La compañía, fundada en 1970, sostiene que el deterioro de su situación comenzó años atrás y se profundizó desde 2025. En su presentación judicial atribuyó el cuadro a una combinación de menor demanda, mayores costos, apertura de las importaciones y cambios en el comportamiento de las marcas, que en varios casos optaron por importar directamente productos terminados desde Asia.
El escenario del sector aporta una dimensión adicional al caso. La producción textil acumuló una baja de 26,5% entre enero y mayo de 2026 y en junio las fábricas utilizaron apenas el 46,6% de su capacidad instalada. Además, durante los primeros cuatro meses del año dejaron de operar 115 establecimientos.
LA EMPRESA
Alter tiene su planta en Berazategui y produce tejidos destinados a distintos segmentos de la indumentaria, como lencería, corsetería, ropa deportiva, trajes de baño y moda. Su estructura incluye tejeduría, laboratorio de desarrollo de color, tintorería y terminación, además de servicios para terceros.
Pero la caída del nivel de actividad redujo de manera marcada el volumen de trabajo. Las ventas de telas de producción propia pasaron de un promedio de 37.516 kilos en 2025 a 21.242 kilos hasta abril de 2026, una contracción del 43%. En la tintorería a fasón, la baja llegó al 68%, desde 27.419 kilos a 8.625.
La empresa también quedó atrapada entre el incremento de los costos y la imposibilidad de trasladarlos por completo a sus precios. Según sus cálculos, el tipo de cambio aumentó 250% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, mientras que el precio de su principal producto, el tejido de punto tricot, pasó de $19.147 en enero de 2025 a $20.488 un año después, una suba de apenas 7%.
A esto se sumó el impacto de la energía. El costo unitario facturado por CAMMESA pasó de $41,50 por MWh en diciembre de 2025 a $118,15 en febrero de 2026, un incremento del 185%. En el mismo período, las paritarias aumentaron 15%.
Los balances reflejaron el deterioro. Alter registró ventas netas por $7.823,4 millones en 2025, por debajo de los $8.649,2 millones del año anterior. La ganancia bruta cayó de $945,5 millones a $285,6 millones y el ejercicio cerró con una pérdida de $44,2 millones. Además, las operaciones consumieron $670,9 millones de efectivo y la disponibilidad en caja y bancos bajó a $65,9 millones.
La situación también tuvo consecuencias sobre el empleo. La compañía había acordado suspensiones con SETIA y la Asociación Obrera Textil durante seis meses, pero luego inició un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo que terminó sin acuerdo. Después desvinculó a 25 trabajadores bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La plantilla pasó de 103 a 78 empleados y, tras tres renuncias, quedaron 75 trabajadores.
El primer pedido de concurso había sido presentado el 11 de junio ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 6. El 6 de agosto la Justicia lo rechazó porque la empresa no había completado dentro del plazo la documentación requerida. La resolución quedó firme.
Un día después, el Directorio resolvió realizar una nueva presentación, que fue ratificada por la asamblea. Alter afirmó que los requisitos pendientes se encuentran ahora avanzados y pidió una nueva prórroga para completar la documentación.
La compañía ubica el punto de quiebre financiero el 16 de abril de 2026, cuando no pudo afrontar por primera vez las cuotas de los planes de facilidades que mantenía con ARCA. Luego se acumularon incumplimientos fiscales y atrasos con proveedores.
Por ahora, Alter no informó el monto actualizado de su deuda. La empresa indicó que el detalle de activos, pasivos y acreedores se encuentra en elaboración y será presentado dentro de la prórroga solicitada.
El caso se suma a una lista creciente de empresas textiles que durante 2026 recurrieron a la Justicia. Entre ellas aparecen Textil Amesud, Textilana, Fisipa, Owoko, Fantome Group, Ted Bodin y A. Mutz y Cía. La sucesión de concursos y cierres expone el impacto de una menor demanda interna, el aumento de los costos y una mayor competencia de productos importados sobre una industria que perdió volumen y capacidad productiva.
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