Una coalición de 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para frenar la nueva ronda de aranceles aplicada a decenas de países y a la Unión Europea. Los fiscales sostienen que la Casa Blanca intenta reemplazar, con otro fundamento legal, los gravámenes que la Corte Suprema anuló en febrero, lo que consideran un intento de eludir el fallo judicial.
La acción fue encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y cuenta con el respaldo de estados como California, Illinois, Michigan, Pensilvania, Washington, Massachusetts y Arizona, entre otros. Según la demanda, el Gobierno busca imponer “ilegalmente” nuevos costos a consumidores y empresas mediante impuestos a las importaciones.
Los aranceles, que entraron en vigor el mes pasado, oscilan entre el 10% y el 12,5% y afectan a 59 países y a la Unión Europea. La Casa Blanca sostiene que la medida apunta a combatir el ingreso de productos fabricados con trabajo forzoso y proteger a los trabajadores estadounidenses frente a prácticas comerciales consideradas desleales.
La ofensiva judicial llega después de que la Corte Suprema determinara que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), utilizada inicialmente por Trump, no autorizaba la aplicación de esos gravámenes. Ese fallo obligó al Gobierno a reembolsar a importadores que habían pagado los aranceles declarados inválidos.
Tras ese revés, la administración recurrió primero a aranceles temporales del 10%, que expiraron a fines de julio. Ahora decidió apoyarse en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite sancionar a países acusados de prácticas comerciales desleales. Trump ya había utilizado esa norma durante su primer mandato para imponer fuertes aranceles a China, una decisión que superó los desafíos judiciales.
Sin embargo, los estados demandantes sostienen que esta nueva estrategia tampoco cumple con los requisitos legales. Argumentan que el Gobierno no justificó de manera específica por qué cada país merece ser sancionado ni explicó cómo los nuevos aranceles contribuirán a erradicar el uso de trabajo forzoso, como exige la legislación.
La disputa también suma demandas presentadas por pequeñas empresas ante el Tribunal de Comercio Internacional, que cuestionan la legalidad de los nuevos gravámenes. Para el profesor de derecho Barry Appleton, el caso será especialmente relevante porque pondrá a prueba si la Casa Blanca respetó los límites fijados por el Congreso para aplicar la Sección 301.
Desde Washington, el Gobierno defendió la medida y aseguró que actúa dentro de las facultades previstas por la ley. La Casa Blanca insiste en que los países que no controlan adecuadamente las importaciones vinculadas al trabajo forzoso perjudican el comercio estadounidense y que los aranceles constituyen una herramienta legítima para proteger la industria nacional. El caso promete convertirse en una nueva batalla judicial con fuertes implicancias para la política comercial de Trump y para las relaciones económicas de Estados Unidos con buena parte del mundo.
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