Dudas sobre las estadísticas de inflación, cambios en la forma de medir los precios y un presidente que mantiene contactos frecuentes con el titular del Banco Central. La descripción podría corresponder a la Argentina, pero esta vez el debate ocurre en Estados Unidos.
La senadora estadounidense Elizabeth Warren pidió al Departamento de Comercio precisiones sobre las modificaciones que comenzarán a aplicarse en uno de los principales indicadores oficiales de inflación del país.
A través de una carta enviada el jueves, Warren solicitó información sobre los cambios previstos en el índice de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), una de las referencias preferidas de la Reserva Federal (Fed) para evaluar la evolución de los precios y definir su política de tasas de interés.
La autoridad monetaria sigue especialmente ese indicador para determinar si existen presiones inflacionarias persistentes que justifiquen mantener o elevar el costo del dinero o, por el contrario, si un enfriamiento de la economía permite avanzar con una reducción de las tasas.
Cambios que generan interrogantes
Estados Unidos cuenta con dos grandes indicadores para seguir la evolución de los precios. Uno es el índice de precios al consumidor (CPI), comparable con el IPC argentino, que mide una canasta representativa de los gastos de los hogares.
El otro es el PCE, que contempla una estructura más amplia del consumo e incorpora, entre otros rubros, gastos vinculados con seguros y coberturas médicas.
Los cambios en este último indicador comenzaron a implementarse en agosto y la primera medición bajo el esquema actualizado se conocerá en septiembre. El último registro disponible, correspondiente a junio, mostró una inflación interanual del 3,7%.
Economistas de Wall Street estiman que las modificaciones metodológicas podrían desacelerar el resultado del índice, aunque la inflación seguiría por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal.
Hasta el momento, ningún dirigente político, incluida Warren, sostuvo que la actualización tenga como objetivo beneficiar a Donald Trump. Además, el organismo encargado de las estadísticas está dirigido por un funcionario designado durante la administración de Joe Biden.
La actualización de los índices de precios, de todos modos, es una práctica habitual en distintos países debido a los cambios en los hábitos de consumo, la composición del gasto de los hogares y los canales de comercialización.
El espejo argentino
La discusión estadounidense tiene un antecedente reciente en Argentina. A comienzos de este año se produjo una polémica cuando el entonces titular del Indec, Marcos Lavagna, buscó avanzar con una actualización del IPC, un proceso que también era seguido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El presidente Javier Milei decidió finalmente continuar utilizando la metodología vigente. El nuevo índice otorgaba una mayor ponderación a los servicios a partir de una canasta de consumo más actualizada.
El FMI cuestionó la demora y advirtió en su último informe técnico que “la prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología obsoleta y menos representativa de la cesta de consumo actual”.
El economista Miguel Ángel Broda publicó esta semana cálculos sobre las diferencias entre ambas mediciones. Según sus estimaciones, la inflación acumulada desde el comienzo de la gestión de Milei sería unos 20 puntos porcentuales superior con la nueva canasta.
Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, pasaría del 312,1% registrado con el IPC vigente al 333,8% con la metodología actualizada.
La diferencia también tendría consecuencias sobre la medición del poder adquisitivo. Según Broda, el ingreso disponible —el dinero que queda luego de afrontar los gastos fijos— habría retrocedido 9,7% utilizando el IPC actual y 18% con el índice actualizado. La discusión sobre las estadísticas se produce, además, en momentos en que crecen las miradas sobre la relación entre Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.
The Wall Street Journal informó esta semana que Trump mantiene conversaciones telefónicas con Warsh de manera frecuente. Según el diario estadounidense, los contactos se producen varias veces durante algunos días y luego pueden interrumpirse por períodos más prolongados.
El mandatario habría buscado el asesoramiento del titular de la Fed sobre distintos asuntos económicos, entre ellos el impacto de la guerra en Irán y el rápido crecimiento de la inteligencia artificial.
Warsh lleva menos de tres meses en el cargo y fue elegido por el propio Trump, una situación que aumenta la atención de los mercados sobre el grado de independencia que mantendrá frente a la Casa Blanca.
El antecedente inmediato alimenta esos interrogantes. Trump cuestionó y atacó públicamente al antecesor de Warsh, Jerome Powell, por no reducir las tasas de interés al ritmo que reclamaba. Powell también había sido elegido por Trump, en 2018, y concluyó su mandato en mayo pasado.
Bancos centrales y poder político
La Reserva Federal es independiente del Poder Ejecutivo estadounidense y existen mecanismos legales destinados a proteger a sus autoridades frente a eventuales intentos de remoción.
En Argentina, el Gobierno busca reforzar esa autonomía mediante el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, bajo el argumento de reducir las presiones sobre la autoridad monetaria para financiar los gastos del Tesoro.
Sin embargo, los contactos entre presidentes y autoridades de los bancos centrales tienen una extensa historia en ambos países.
Cuando Guido Sandleris asumió la presidencia del BCRA en 2018, por ejemplo, le planteó a Mauricio Macri la necesidad de reducir la frecuencia de las conversaciones. “Sería saludable que no hablemos tan seguido”, le dijo entonces, y propuso mantener contactos cada dos semanas y comunicarse directamente cuando una situación requiriera la intervención presidencial.
Sandleris había reemplazado a Luis Caputo, quien mantenía un diálogo prácticamente diario con Macri.
Con escenarios y contextos diferentes, estadísticas oficiales, inflación e independencia de los bancos centrales vuelven así a quedar bajo la lupa a ambos lados del continente.
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