Bolivia entró en una nueva etapa de su crisis política. El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción por 90 días y habilitó el despliegue de fuerzas de seguridad y militares para despejar los piquetes y bloqueos que desde hace más de seis semanas afectan a gran parte del país.
Las protestas comenzaron a principios de mayo y reúnen a sindicatos, organizaciones indígenas y productores de coca que rechazan las reformas económicas impulsadas por el Gobierno y exigen la renuncia del mandatario.
El impacto ya se siente en la vida cotidiana. En ciudades como La Paz y El Alto escasean combustibles, alimentos y medicamentos, mientras que el Ejecutivo asegura que la economía perdió miles de millones de dólares por los cortes de rutas.
Evo Morales, en el foco
El Gobierno responsabiliza directamente al expresidente Evo Morales por las movilizaciones y anticipó que buscará que responda ante la Justicia.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que “con Evo Morales, la ley; con el narcoterrorismo, la ley”, y afirmó que el Ejecutivo realizará los operativos que considere necesarios.
Paz también acusa al exmandatario de estar detrás de las protestas. Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, permanece desde hace dos años en la clandestinidad mientras enfrenta una causa por presunto tráfico de menores, una acusación que rechaza.
Refugiado en la región del Chapare y protegido por miles de seguidores, el exmandatario sostiene que las protestas reflejan el rechazo de la población a un gobierno conservador que, según él, responde a los intereses de Estados Unidos.
Qué cambia con el estado de excepción
En un mensaje transmitido por la televisión estatal, Paz calificó las manifestaciones como un “intento de golpe de Estado” impulsado por el “narcoterrorismo” y advirtió que quienes continúen con los bloqueos enfrentarán “todo el peso de la ley”.
La medida restringe el derecho a manifestarse durante 90 días y permite la participación del Ejército en los operativos para liberar las carreteras.
Las primeras acciones comenzaron durante la madrugada del sábado en El Alto, donde policías antimotines, apoyados por maquinaria pesada y vehículos militares, retiraron piedras, troncos y otros obstáculos instalados por los manifestantes.
En distintos sectores de La Paz también se reforzó la presencia policial y militar alrededor de edificios públicos y puntos estratégicos.
Entre el alivio y el rechazo
Mientras algunos vecinos celebraron el operativo porque esperan recuperar la circulación y la actividad económica, otros mantienen las protestas.
“Mucha felicidad porque después de casi cincuenta días volvemos a poder trabajar y circular”, dijo Carla Butrón, una comerciante de 39 años que presenció el despliegue policial en El Alto.
Desde el Gobierno sostienen que la prioridad es restablecer la normalidad. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica y abastecerse”, escribió Paz en sus redes sociales.
El Gobierno había logrado un entendimiento con la Central de Trabajadores de Bolivia. Como parte del acuerdo, Paz prometió no privatizar empresas estatales y abrir una nueva ronda de diálogo.
Sin embargo, varias organizaciones indígenas decidieron continuar con las protestas y mantienen más de 30 bloqueos en las principales rutas del país. Entre sus reclamos sigue firme el pedido de renuncia del presidente.
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