Francia vivió ayer una nueva jornada de protestas estudiantiles que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en París y otras ciudades. Más de 250.000 personas salieron a las calles, según el Ministerio del Interior, para reclamar mayores recursos para la educación, mientras cientos de escuelas permanecieron bloqueadas o cerradas.
En la capital, la marcha fue mayoritariamente pacífica, aunque pequeños grupos se enfrentaron con agentes antidisturbios, que utilizaron gas lacrimógeno. Las movilizaciones también se extendieron a Marsella, Estrasburgo y Lille. El movimiento comenzó en septiembre en institutos de la región de París y rápidamente adquirió alcance nacional.
Los estudiantes denuncian falta de docentes, aulas deterioradas, escasez de equipamiento, temperaturas insoportables durante el verano y una carga horaria excesiva. También cuestionan las diferencias entre establecimientos y las menores oportunidades para los alumnos de zonas desfavorecidas.
La respuesta policial se convirtió en otro de los focos de la protesta. Más de 6.100 personas fueron detenidas desde el comienzo de las movilizaciones, en su mayoría menores, según las autoridades. El gobierno sostiene que la intervención fue proporcional ante episodios de violencia y daños. Manifestantes, padres y docentes denuncian, en cambio, un uso excesivo de la fuerza.
La tensión aumentó después de que un adolescente de 15 años perdiera una mano durante un enfrentamiento en Lens, en el norte del país, tras la explosión de una granada policial. El episodio quedó bajo investigación. También se registraron lesiones entre estudiantes y agentes, profundizando el debate sobre las tácticas utilizadas para controlar las protestas.
El primer ministro Sébastien Lecornu reconoció que las demandas de los alumnos deben ser escuchadas y ordenó trabajar sobre el reemplazo de docentes ausentes, la reparación de edificios y la revisión de la jornada escolar. Al mismo tiempo, denunció una “ultraviolencia” que, según afirmó, amenaza a las escuelas y prometió investigar cualquier incidente policial.
La movilización ocurre en un contexto de malestar social más amplio, marcado por la preocupación por la desigualdad, la pobreza y las restricciones al gasto público.
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