El rey Carlos III dejó clara la posición de Harry y Meghan dentro de la monarquía británica: desde su regreso al Reino Unido, la pareja debe ser considerada como ciudadanos que actúan a título privado y no como miembros activos de la familia real. La precisión busca evitar confusiones sobre sus funciones, privilegios y, especialmente, sobre la protección policial que reciben.
El príncipe Harry, de 41 años, y su esposa Meghan, de 45, abandonaron sus funciones oficiales en enero de 2020 y se instalaron posteriormente en Estados Unidos junto a sus dos hijos. La decisión provocó una profunda ruptura con la Casa Real y significó que dejaran de representar al monarca en actos oficiales. También perdieron el esquema de protección policial permanente del que disponían como miembros de la realeza.
Ahora, su regreso a vivir en el Reino Unido reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad de la pareja y sobre quién debe asumir los costos. En una carta divulgada por lord Chambelán, el funcionario de mayor rango de la Casa Real, Carlos III señaló que los duques de Sussex ya no son “miembros activos de la familia real” y que su situación es diferente de la de quienes desempeñan funciones oficiales en nombre del soberano.
La misiva fue enviada después de que la Casa Real recibiera varias solicitudes de orientación y, según explicó el propio documento, tiene como objetivo “ayudar a evitar dudas o confusiones”. El texto también remarca que la pareja conserva libertad para manejar sus asuntos financieros y proteger su privacidad de acuerdo con sus propios deseos.
La diferencia no es solo protocolar. Los llamados miembros activos de la familia real cumplen compromisos oficiales en representación del monarca y reciben respaldo administrativo y otros recursos de la Casa Real. Harry y Meghan, en cambio, realizan sus actividades benéficas y otros proyectos personales a título privado.
LA SEGURIDAD, TEMA CLAVE
Uno de los puntos más delicados es la seguridad. Tras la salida de los Sussex del Reino Unido, el Comité Ejecutivo de Protección Real y VIP, conocido como Ravec, redujo el nivel de protección policial asignado a Harry. El organismo independiente, supervisado por el Ministerio del Interior, determina qué miembros de la realeza, políticos y otras figuras reciben protección financiada por el Estado.
Harry llevó esa decisión a los tribunales en un intento por recuperar un esquema de seguridad similar al que tenía antes de abandonar sus obligaciones reales, pero perdió su batalla judicial. Su regreso permanente al Reino Unido, sin embargo, podría llevar a Ravec a revisar de nuevo la evaluación de riesgos que afecta al príncipe y a su familia.
La situación vuelve a poner sobre la mesa una cuestión sensible para la monarquía: hasta dónde debe llegar la protección estatal de alguien que conserva un título real, pero que decidió apartarse de las obligaciones oficiales.
Carlos III, al menos por ahora, marcó una frontera clara: Harry y Meghan mantienen su vínculo familiar con la Corona, pero sus actividades en el país corresponden a ciudadanos privados y no a representantes de la institución.
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