El ex ministro de Transportes español José Luis Abalos fue condenado hoy a 24 años de cárcel por corrupción, en un fallo que podría debilitar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el tramo final de la Legislatura.
El Tribunal Supremo condenó a Abalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, informó el Poder Judicial en un comunicado.
Su mano derecha en el ministerio, Koldo García, fue condenado a 19 años por los mismos delitos. El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, que ejercía de enlace entre los políticos y las empresas, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero no irá a prisión por su colaboración con la justicia en este caso.
La sentencia es un revés para Sánchez, que se suma al caso de su hermano recién juzgado por un caso de tráfico de influencias, su esposa Begoña Gómez a un paso de ir a juicio y privada de pasaporte también por tráfico de influencias, y con otro colaborador cercano, Santos Cerdán, también imputado por corrupción.
A ellos se suma la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno y muy afín a Sánchez, por haber influido presuntamente a cambio de comisiones ilegales.
El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), pidió la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones. "El presidente del Gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio" y "es indecente que siga un minuto más en la presidencia del Gobierno", dijo a la prensa Feijóo.
"De este colapso sólo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata", sentenció el dirigente conservador.
La sentencia del caso Abalos "concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción", informó el Poder Judicial en un comunicado.
"Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama" y otros hechos, como los 10.000 euros mensuales que cobraba Abalos de la trama o "la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas".
El Tribunal destaca asimismo "el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado".
El ex funcionario denunció durante el juicio un intento de "politizar" el caso y cargó contra la oposición conservadora. También rechazó las acusaciones de Aldama, quien había afirmado que la trama alcanzaba niveles superiores del poder político, mencionando al propio Pedro Sánchez, sin que este haya sido imputado.
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