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De la Espriella asumió la presidencia de Colombia: el acercamiento a EE UU

De la Espriella, con la banda presidencial, al asumir la presidencia/afp

Por Redacción

El dirigente de ultraderecha Abelardo de la Espriella asumió como nuevo presidente de Colombia con la promesa de endurecer la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico, en un giro político que anticipa un fuerte acercamiento a Estados Unidos y el cierre de las negociaciones de paz impulsadas durante la gestión de Gustavo Petro.

El abogado millonario, de 48 años, que también posee la nacionalidad estadounidense y mantiene una estrecha sintonía política con Donald Trump, juró “cumplir fielmente la Constitución y las leyes” durante una ceremonia realizada en Cali, en el sudoeste del país.

De la Espriella inició así un mandato de cuatro años en reemplazo de Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, quien desconoce el resultado de las elecciones y denunció un supuesto fraude que hasta el momento no fue respaldado por las autoridades electorales.

La transición se produjo además en un escenario de fuerte tensión política. Los aliados de Petro convocaron a movilizaciones en las principales ciudades luego de una elección definida por menos de un punto porcentual. Durante la tarde, cientos de personas se manifestaban pacíficamente en Bogotá y Barranquilla.

Petro, que no participó de la ceremonia de investidura, abandonó a primera hora de la tarde la residencia presidencial en Bogotá acompañado por familiares y colaboradores. “Espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida”, expresó en su despedida.

La llegada de De la Espriella supone un cambio profundo en la estrategia de seguridad colombiana. El nuevo mandatario, que durante la campaña se presentó bajo el apodo de “El Tigre”, prometió terminar con los planes de negociación impulsados por Petro con organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico.

“Vamos a recuperar la soberanía y a proteger a los ciudadanos de la delincuencia y el narcoterrorismo”, había señalado el domingo en una de sus últimas intervenciones antes de asumir.

Entre sus principales propuestas se encuentran intensificar los bombardeos contra campamentos guerrilleros con apoyo de Estados Unidos e Israel y construir megacárceles inspiradas en el modelo aplicado por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

La estrategia representa un regreso a una política de fuerte cooperación militar entre Bogotá y Washington, similar a la desarrollada a comienzos de este siglo para combatir a las guerrillas y las organizaciones del narcotráfico.

Aquella ofensiva contribuyó al debilitamiento de estructuras insurgentes como las FARC antes de la firma del acuerdo de paz de 2016, aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron graves abusos y violaciones durante ese período.

Un nuevo acercamiento con Estados Unidos

La asunción de De la Espriella también marca una recomposición de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos luego de los constantes enfrentamientos diplomáticos entre Petro y Trump.

El presidente estadounidense respaldó públicamente al nuevo mandatario colombiano, quien prometió que la relación bilateral alcanzará un nivel de cooperación “como nunca antes”, especialmente en materia de seguridad y combate contra el narcotráfico.

La llegada del nuevo gobierno colombiano refuerza además el avance de administraciones de derecha en América Latina alineadas con la estrategia antinarco promovida por Washington.

En ese mismo sentido, De la Espriella anunció durante la transición que romperá las relaciones diplomáticas de Colombia con Nicaragua y Cuba.

A la ceremonia de investidura asistieron una decena de jefes de Estado, representantes de la Casa Blanca encabezados por el fiscal general de Estados Unidos y varios ministros de Relaciones Exteriores, entre ellos el canciller israelí. También estuvo presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Cali, blindada para la asunción

La ceremonia se realizó en Cali, una ciudad golpeada recientemente por atentados guerrilleros y ubicada cerca de territorios donde operan distintos grupos armados.

Ante las advertencias del gobierno saliente sobre la posibilidad de “actos de terrorismo”, las autoridades desplegaron alrededor de 11.000 militares y pusieron en funcionamiento un sistema antidrones para reforzar la seguridad.

La decisión del nuevo presidente de endurecer la respuesta militar genera expectativas, pero también preocupación ante la posibilidad de una nueva escalada de violencia.

“Por los anuncios que ha hecho se nota que va a ser como de una mano fuerte. Ojalá que no vaya a haber una nueva violencia”, señaló a la AFP Óscar Obando, un hombre de 67 años que trabaja redactando documentos con una máquina de escribir en las calles de Cali.

Julián Martínez, abogado y militar retirado de 38 años, también advirtió sobre el riesgo de una escalada. Consideró que la nueva estrategia podría ser interpretada como “un acto de provocación” por las organizaciones armadas, que podrían intentar demostrar “quién es más valiente y más fuerte”.

El desafío de combatir a 25.000 hombres armados

De la Espriella recibe unas Fuerzas Armadas que enfrentan dificultades para desplegar una ofensiva de gran escala. Renata Segura, especialista de International Crisis Group, señaló a la AFP que actualmente tienen una “capacidad limitada” por el número de efectivos y la falta de equipamiento tecnológico.

La especialista también alertó sobre el riesgo de “daño colateral” sobre la población civil en caso de que se intensifiquen los ataques contra organizaciones armadas profundamente asentadas en distintos territorios.

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz elaborado sobre la base de cifras oficiales de 2025, unas 25.000 personas integran actualmente organizaciones armadas en Colombia.

El nuevo presidente deberá afrontar este escenario sin contar con una mayoría propia en un Congreso fragmentado, lo que podría complicar la aprobación de parte de su programa.

De la Espriella también prometió cerrar la oficina presidencial encargada de las negociaciones de paz y la oficina de derechos humanos. Ambas medidas forman parte de un plan más amplio con el que pretende reducir en un 40% el tamaño del Estado colombiano.

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