Un comité del Senado de Estados Unidos votó declarar en desacato al Congreso a Anthony Fauci, el científico que tuvo un papel central en la respuesta sanitaria del país durante la pandemia de Covid-19, luego de que se negara a responder preguntas durante una audiencia celebrada la semana pasada.
El caso abre ahora un complejo escenario judicial y político. Los republicanos sostienen que Fauci debe rendir cuentas por su actuación durante la emergencia sanitaria y por sus declaraciones sobre investigaciones vinculadas con los orígenes del coronavirus. Los demócratas, en cambio, denuncian una “caza de brujas” contra exfuncionarios impulsada desde el oficialismo de Donald Trump.
Fauci, de 85 años y actualmente retirado, invocó durante la audiencia su derecho constitucional a no declarar, contemplado en la Quinta Enmienda. Durante las tres horas que duró su comparecencia ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado, se negó a responder las preguntas que le formularon.
Los republicanos del panel, encabezados por el senador Rand Paul, de Kentucky, cuestionan que pueda acogerse a esa protección constitucional. El argumento se basa en el “indulto preventivo” que el expresidente Joe Biden le concedió antes de abandonar la Casa Blanca.
La medida protege a Fauci de eventuales procesos federales relacionados con sus actuaciones entre 2014 y el 19 de enero de 2025. Biden tomó esa decisión después de que Trump planteara públicamente posibles represalias contra funcionarios y exfuncionarios.
La situación plantea así una discusión jurídica poco habitual: hasta dónde llega la protección de un indulto presidencial y si una persona beneficiada por él conserva, al mismo tiempo, el derecho a no declarar para evitar una eventual autoincriminación.
Fauci, en la mira
Más allá de la discusión constitucional, Fauci se convirtió desde hace años en uno de los principales blancos de los sectores republicanos más críticos de la gestión de la pandemia.
Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, dirigentes republicanos impulsaron nuevas investigaciones sobre figuras que tuvieron responsabilidades durante la emergencia sanitaria.
En el caso de Fauci, lo acusan de haber respaldado investigaciones que, según sostienen, estuvieron relacionadas con el surgimiento del coronavirus y de haber mentido bajo juramento ante el Congreso. El científico rechazó reiteradamente esas acusaciones.
También lo responsabilizan políticamente por las restricciones aplicadas durante la pandemia, entre ellas el cierre de escuelas, el uso obligatorio de barbijos y las exigencias de vacunación, aunque muchas de esas decisiones fueron adoptadas por estados, gobiernos locales, instituciones y empleadores.
Rand Paul reclama desde hace tiempo una investigación penal contra Fauci. El senador sostiene que el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas no dijo la verdad al Congreso sobre investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud y sobre los posibles orígenes del Covid-19.
El abogado de Fauci calificó esas acusaciones como “falsas y vergonzosas”. Además, más de 150 especialistas en enfermedades infecciosas salieron en defensa del científico y aseguraron que no existe evidencia creíble que respalde los cargos formulados en su contra.
Una pelea que revive seis años después
La ofensiva republicana volvió a colocar en el centro de la escena las profundas divisiones que dejó la pandemia en Estados Unidos.
Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud de la administración Trump y durante años referente del movimiento antivacunas, también reavivó en los últimos días la discusión sobre la gestión de la emergencia sanitaria.
Politólogos e historiadores advierten que, seis años después del período más crítico de la pandemia, las restricciones sanitarias, las vacunas y la actuación de las autoridades científicas continúan siendo temas de fuerte disputa política.
Matt Dallek, politólogo de la Universidad George Washington, señaló que el control republicano de la Casa Blanca y del Congreso permitió a figuras como Paul avanzar con investigaciones que reclamaban desde hacía años.
El tema cobra además relevancia política de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Las críticas a las restricciones implementadas durante la pandemia y las teorías conspirativas sobre el origen del virus mantienen una importante presencia entre sectores del movimiento MAGA.
“La respuesta al Covid se ha convertido en un punto de referencia para el Partido Republicano de Trump”, sostuvo Dallek. Según explicó, los republicanos utilizan ahora su posición de poder para intentar demostrar que sus cuestionamientos durante la pandemia estaban justificados.
Durante aquellos años, distintos grupos se opusieron a las restricciones impuestas para contener los contagios, mientras el gobierno federal aceleraba el desarrollo de vacunas. Una vez disponibles, una parte de la población rechazó inmunizarse y referentes como Kennedy denunciaron que los mandatos sanitarios vulneraban libertades individuales.
Ya durante el segundo mandato de Trump, y con Kennedy al frente del área sanitaria, las autoridades estadounidenses modificaron las políticas sobre las vacunas contra el Covid y limitaron su disponibilidad para determinados grupos.
Qué puede pasar ahora con Fauci
El próximo paso será decisivo para determinar si el conflicto político termina convirtiéndose en una causa penal.
Rand Paul anunció que enviará la resolución de desacato directamente a los fiscales federales, sin someterla previamente a una votación del pleno del Senado.
A partir de allí, los fiscales podrían convocar a un gran jurado y buscar una acusación formal contra Fauci.
Si ese proceso prospera, el científico podría enfrentar un cargo por desacato penal al Congreso. Una eventual condena puede contemplar una multa y una pena de hasta un año de prisión.
Sin embargo, eso no significa que Fauci vaya automáticamente a juicio ni, mucho menos, que vaya a prisión. Antes deberá resolverse la controversia jurídica sobre su negativa a declarar y la relación entre el indulto otorgado por Biden y las garantías de la Quinta Enmienda.
En última instancia, un juez de la Corte Federal de Distrito de Columbia deberá determinar si existen fundamentos suficientes para que el caso avance.
Así, una disputa que comenzó con la gestión de la pandemia vuelve seis años después al centro de la política estadounidense, esta vez con una posible derivación penal para uno de los científicos más reconocidos y también más cuestionados de aquel período.
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