La Corte Penal Internacional (CPI) calificó ayer de “ataque flagrante” a su independencia las sanciones impuestas por Estados Unidos contra su presidenta, la japonesa Tomoko Akane. La medida, anunciada el martes, también alcanza al magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien sustituye actualmente al fiscal de la institución.
Las sanciones les impiden viajar a Estados Unidos y realizar transacciones mediante el sistema financiero estadounidense. Washington considera que la CPI es una institución “politizada” y acusa a sus jueces de intentar investigar o perseguir a funcionarios de gobiernos que no reconocen su jurisdicción.
La decisión provocó una fuerte reacción internacional. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, la calificó de “inaceptable”, mientras la Unión Europea expresó su firme respaldo a Akane. Francia, Alemania, España y Países Bajos también condenaron las medidas y defendieron la independencia judicial.
Japón, principal financiador de la CPI y aliado de Washington, consideró la sanción “muy desafortunada”.
Estados Unidos, que no ratificó el Estatuto de Roma, sostiene que el tribunal excede sus competencias. La CPI advirtió que medidas contra jueces, fiscales y personal “socavan el Estado de derecho”.
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