La guerra en Medio Oriente no solo recrudeció el conflicto militar, sino también la represión interna en Irán. Organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian un fuerte aumento de las ejecuciones de presos políticos, manifestantes y personas acusadas de espionaje desde el inicio de las hostilidades, y advierten que el régimen podría estar aprovechando el contexto bélico para sofocar cualquier intento de protesta.
Uno de los casos que más conmoción provocó es el de Vahid Baniamerian, un profesor de física de 34 años cuya familia supo por los medios de comunicación que iba a ser ejecutado. Según allegados, ni siquiera su abogado había sido informado de la inminente aplicación de la pena de muerte, pese a que la familia esperaba una resolución de la Corte Suprema sobre su apelación.
Baniamerian había sido condenado junto a otros cinco acusados de integrar los Muyahidines del Pueblo (MEK), un grupo opositor prohibido en Irán. Todos fueron ahorcados. Personas cercanas al docente sostienen que el procedimiento fue irregular incluso bajo la propia legislación iraní y lo describen como un hombre tranquilo, dedicado a ayudar a los demás.
EJECUCIONES QUE NO FRENAN
Aunque en abril se alcanzó un alto el fuego en el conflicto, las ejecuciones no se detuvieron. Por el contrario, activistas sostienen que continúan las condenas contra manifestantes, opositores y presuntos espías, en una estrategia destinada a impedir que resurja un movimiento de protesta como el que sacudió al país en enero.
La preocupación creció aún más tras la vuelta de las hostilidades. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, alertó que las autoridades podrían intensificar todavía más la represión aprovechando el clima de guerra. Por ello, reclamó que la suspensión inmediata de las ejecuciones sea incorporada como una exigencia central en cualquier negociación internacional destinada a poner fin al conflicto.
Desde el comienzo de la guerra tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán el 28 de febrero, al menos 24 personas vinculadas a las protestas de enero fueron ejecutadas, acusadas de atacar edificios públicos o fuerzas de seguridad, mientras que las organizaciones de derechos humanos denuncian juicios arbitrarios, confesiones obtenidas bajo tortura y ausencia de garantías judiciales.
A ellas se suman otras 13 personas ejecutadas por supuestos nexos con organizaciones prohibidas y diez más acusadas de espionaje.
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